Este martes 20 de enero se inició en Lima el juicio oral por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena kichwa y defensor ambiental, asesinado el 29 de noviembre de 2023 mientras regresaba a su comunidad en la Amazonía peruana. El proceso judicial se extenderá durante tres días en el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Para familiares, comunidades indígenas y activistas ambientales, este juicio representa una oportunidad histórica para confrontar la violencia que enfrentan quienes defienden derechos territoriales y ambientales en regiones amazónicas donde las economías ilegales, como la tala y el narcotráfico, han puesto en riesgo vidas y territorios.
Un defensor silenciosamente amenazado
Quinto Inuma era apu, o presidente, de la Comunidad Nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, y se destacó por denunciar repetidamente la tala ilegal, el tráfico de tierras y otras actividades ilícitas que degradan los bosques ancestrales de su pueblo. A pesar de haber sido incorporado al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, las medidas de protección consagradas en documentos nunca se tradujeron en acciones tangibles sobre el terreno.
Su labor lo convirtió en blanco de amenazas durante años, incluso antes de su asesinato. El 29 de noviembre de 2023, tras participar en un encuentro de defensores ambientales en Pucallpa, regresaba con su familia por el río Yanayacu cuando hombres encapuchados emboscaron la embarcación y le dispararon a quemarropa. En el ataque también resultó herida Axeldina Barbarán, miembro de la misma comunidad.
Quinto Inuma, jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, fue asesinado a pesar de contar con medidas de protección proporcionadas por el Ministerio de Justicia. (Foto: Archivo de Quinto Inuma)
El juicio y los acusados
Originalmente, seis personas eran investigadas por el crimen. Uno de ellos, Belustiano Saboya Pisco, murió durante una intervención policial en julio de 2025, cuando intentaban capturarlo bajo una orden de detención por su presunta participación en el asesinato.
Los cinco acusados que hoy enfrentan el juicio están detenidos, procesados por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal. La Fiscalía sostiene que se trató de un asesinato por encargo, y solicita penas de cadena perpetua para los implicados, junto con reparaciones civiles que alcanzan 1 500 000 soles en total para los deudos de Inuma y para Barbarán.
Durante las audiencias, que incluyen declaraciones de 22 testigos y ocho peritos, se evaluará la evidencia reunida por el Equipo Multidisciplinario Especializado contra delitos que afectan a comunidades indígenas del Ministerio Público.
Significado para la Amazonía y el país
Para las organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, este caso no es aislado. Más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en Perú en los últimos años sin que sus casos lleguen a juicio o reciban una sentencia firme. La atención de observadores internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias de la ONU, se concentra en cómo se administre justicia en este proceso.
Al mismo tiempo, la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu y otros pueblos amazónicos esperan que la justicia reafirme la necesidad de protección real para quienes defienden su territorio y su forma de vida frente a intereses económicos extractivos y criminales.
Este juicio, más allá de los aspectos legales, confronta al Estado peruano con el desafío de garantizar que la defensa del ambiente y los derechos indígenas no siga siendo sinónimo de riesgo mortal en la Amazonía.
