Cada 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que busca visibilizar una práctica que, según Naciones Unidas, se utiliza para infundir terror y la inseguridad en las comunidades. Aunque alguna vez fue un método de las dictaduras militares, hoy persiste como una forma de represión política en conflictos internos complejos. El Perú no es ajeno a esta dolorosa realidad.
El problema de las desapariciones forzadas se remonta a los años del conflicto armado interno (1980-2000), una tragedia que fue invisibilizada durante décadas. La politóloga Iris Jave recuerda que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señaló que esta práctica cobró especial importancia a partir de 1983, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden interno. Al finalizar su trabajo, la CVR reportó más de 8,500 personas en situación de desaparecidas y la necesidad de investigar miles de sitios de entierro.
Cifras oficiales y un dolor que persiste
Durante años, el propio Estado peruano no contaba con una cifra unificada de desaparecidos. La incertidumbre y el dolor de no saber qué pasó con sus seres queridos ha sido una herida abierta para miles de peruanos y peruanas.
Hoy, gracias a la Ley Nº 30470, el Estado cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE). Según su reporte oficial más reciente, al 8 de agosto de 2025, el número de personas desaparecidas reconocidas por el Estado asciende a 22 667 registros. Este número, que ha aumentado progresivamente a medida que se revisan diversas fuentes, refleja la magnitud del problema.
Datos impactantes sobre la distribución de los casos:
- Ayacucho es el departamento con mayor incidencia, concentrando el 49.17% del total de registros.
- Otros departamentos con una alta cifra de desaparecidos son Junín (14.11%), Huánuco (13.06%), San Martín (5.75%) y Huancavelica (5.52%). En conjunto, estos cinco territorios concentran casi el 88% de los casos.
- En cuanto al sexo de las víctimas, la gran mayoría, el 78.67%, son hombres, mientras que el 21.26% son mujeres.
Hacia una política de Estado
A pesar del dolor y de los desafíos que aún persisten, la creación del RENADE y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia representan un avance significativo. Estas iniciativas se suman a otras políticas estatales, como la política de reparaciones y la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que buscan atender las graves consecuencias del conflicto armado.
En este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Perú visibiliza una herida histórica que sigue abierta. La existencia de cifras oficiales y una política de Estado para buscar a los desaparecidos es un paso crucial para brindar verdad, justicia y, finalmente, paz a las miles de familias que aún esperan por sus seres queridos.
