El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, junto con los ministros de Ambiente, Juan Carlos Castro, y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, enfrentan una denuncia penal presentada por la investigadora Lucila Pautrat. La denuncia también incluye a Nelly Paredes del Castillo, actual directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Todos son acusados de haber cometido cuatro delitos relacionados con la deforestación y los incendios forestales que han causado estragos en varias regiones del país.
Los delitos imputados incluyen la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, el otorgamiento ilegal de derechos, el otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, y el avocamiento ilegal de proceso en trámite, conforme a los artículos 314°, 376-B° y 410° del Código Penal Peruano.
Los detalles de la acusación
La denuncia, a la que accedió Inforegión, resalta que los funcionarios permitieron la implementación de normativas que favorecieron la invasión y explotación ilegal de tierras forestales. Se señala la aprobación del redimensionamiento del Bosque de Producción Permanente de Ucayali, lo que facilitó la deforestación de 299 898.41 hectáreas. Estas tierras, que forman parte del patrimonio forestal del Perú, fueron destinadas a cultivos agroindustriales como la palma aceitera y la soya, en una acción que la denuncia describe como una flagrante violación de la legislación ambiental peruana.
Además, la denuncia menciona que la nueva Ley N° 31973, conocida como “Ley Antiforestal” instauró un régimen de excepción que permite la formalización de áreas deforestadas y ocupadas ilegalmente. Esta ley ha sido ampliamente rechazada por organizaciones ambientalistas e indígenas, ya que facilita la legalización de tierras deforestadas y la expansión de cultivos industriales en áreas protegidas.
En particular, la denuncia acusa a los funcionarios de avocamiento ilegal de proceso en trámite, ya que, mientras existían demandas judiciales en curso contra la “Ley Antiforestal”, el Serfor y el Midagri continuaron con la implementación de dicha ley. El Tribunal Constitucional ya había admitido demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín, lo que debería haber suspendido las acciones del gobierno en relación con la ley.
Retraso en la respuesta a incendios forestales
Según la denunciante, gran parte de la responsabilidad de la gestión de estos siniestros recae sobre altos funcionarios del gobierno. La demanda resalta la omisión de acciones preventivas por parte del Ejecutivo, lo que agravó la emergencia en regiones como Ucayali, San Martín y Amazonas. A pesar de que los incendios se intensificaron desde principios de septiembre, el Gobierno no declaró el estado de emergencia hasta el 18 de septiembre de 2024, cuando el número de personas fallecidas ya había ascendido a 16, con más de 140 heridos y 2 000 damnificados.
El documento denuncia que la tardanza en la respuesta gubernamental permitió que el fuego se extendiera por vastas áreas de bosques y tierras de protección. Según la denunciante, los incendios no solo son el resultado de prácticas agrícolas irresponsables, sino también de la falta de medidas preventivas que debieron implementarse a partir de los reportes de alerta emitidos por el Senamhi. y otras entidades.
Además, se acusa a los ministros de haber facilitado un marco normativo que propició el despojo de tierras forestales mediante resoluciones que permitieron el cambio de uso de estas tierras. Señala la aprobación de la «Constancia de Libre Deforestación» que legalizó indirectamente la ocupación y deforestación de zonas protegidas. Este documento, según se alega, junto a la «Ley Antiforestal», crearon incentivos perversos que fomentaron la provocación intencionada de incendios forestales. Aunque la resolución de la Constancia fue finalmente revocada, esta acción llegó demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho.
Finalmente, se solicita a la Fiscalía de la Nación que inicie una investigación exhaustiva y que se tomen las acciones legales correspondientes para sancionar a los responsables de estos hechos.
