Del 7 al 9 de julio, más de 90 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales de 20 regiones del Perú participarán en el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores, que se realizará en Lima. La actividad busca articular propuestas frente a la creciente violencia y criminalización que enfrentan en distintos territorios del país.
Organizado por el Grupo Impulsor de la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú, el encuentro también tiene como objetivo denunciar casos emblemáticos de vulneraciones y presentar una agenda nacional que será entregada a autoridades estatales y organismos internacionales.
Cifras que evidencian el riesgo
Según la organización Global Witness, Perú se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el ambiente. En la última década, se han registrado más de 50 asesinatos de defensores. Solo en el primer semestre de 2024, la Defensoría del Pueblo ha documentado 39 casos de afectaciones, incluyendo amenazas, hostigamiento judicial y violencia física.
Las regiones con mayor número de casos son Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde al menos 226 defensores están en situación de riesgo. Las amenazas están vinculadas, en muchos casos, al avance de actividades ilegales como la minería informal, la tala y el narcotráfico, en contextos marcados por la limitada presencia del Estado.
Casos emblemáticos en agenda
Durante el encuentro se abordarán varios casos que han generado preocupación. Uno de ellos es el de Cotabambas, en Apurímac, donde once comuneros fueron absueltos recientemente tras más de diez años de procesos judiciales iniciados luego de su oposición al proyecto minero Las Bambas. Aunque no se hallaron pruebas, los acusados enfrentaron un largo desgaste económico y social.
En Cajamarca, la reactivación del proyecto Conga vuelve a generar preocupación. En 2012, durante las protestas en su contra, murieron cinco personas. Sin embargo, el 1 de julio de este año, el Juzgado Unipersonal de Celendín declaró prescrito el proceso contra los mandos policiales involucrados, pese a que se reconoció el uso desproporcionado de la fuerza.
También se discutirá el caso de la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, en Lambayeque, que enfrenta presiones por su labor de conservación en el Área de Conservación Privada Chaparrí. Su presidente, Edivar Carrasco, ha recibido múltiples amenazas de muerte, mientras que algunos procesos judiciales en su contra fueron archivados.
Agenda común y reuniones institucionales
El evento también servirá para analizar las limitaciones de los marcos normativos actuales y promover acciones conjuntas. Uno de los principales resultados será la construcción de una Agenda Nacional 2025–2026 para la protección de defensores, con propuestas orientadas a reducir los riesgos y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Además, las y los participantes sostendrán reuniones con representantes de entidades nacionales y de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Unión Europea.
Conferencia de prensa y seguimiento
La jornada culminará el 9 de julio con una conferencia de prensa en la que se presentará la agenda consensuada, así como los principales pedidos del colectivo de defensores. Entre estos, se incluyen medidas de protección frente a amenazas, freno a la criminalización y atención a los casos no resueltos.
El desarrollo del encuentro podrá seguirse a través de las redes oficiales del colectivo en X, FB e IG.
