La reciente designación de Wilfredo Portilla Barrera en un cargo vinculado a la conducción del proceso de formalización minera ha encendido las alertas del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y de diversas organizaciones aliadas. El nombramiento, publicado oficialmente en el diario El Peruano, ha sido cuestionado por posibles riesgos para la transparencia y la integridad en un sector considerado de alta sensibilidad.
Según el OMI, esta decisión genera serias dudas sobre el cumplimiento de principios básicos de la función pública, como la idoneidad técnica, la meritocracia y la inexistencia de conflictos de interés. “Estos principios deben regir toda función pública, especialmente en un sector altamente sensible por sus impactos ambientales, sociales y económicos”, señala el pronunciamiento.
Cuestionamientos por antecedentes en el REINFO
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Portilla Barrera figura con dos inscripciones concluidas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Estas aparecen consignadas en el Anexo I de la Resolución Directoral N.° 0004-2025-MINEM/DGFM, publicada en julio de 2025, que dio por finalizado el proceso de formalización de más de 50 mil registros suspendidos por más de un año.
En dicho documento, el ahora funcionario aparece en los casilleros 35368 y 35369, vinculados a derechos mineros ubicados en la provincia de Canta, en Lima, bajo la condición de minero informal. Para el Observatorio, este antecedente resulta incompatible con un cargo que implica responsabilidades directas en la conducción de la formalización minera.
“Estos principios deben regir toda función pública, especialmente en un sector altamente sensible por sus impactos ambientales, sociales y económicos”, señala el pronunciamiento de OMI. (Foto: OMI)
Posibles conflictos de interés y exigencias al Estado
A ello se suma información pública que vincula a Portilla Barrera con la empresa SIMSA S.A.C., dedicada a la compra y procesamiento de oro, inscrita en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro del MINEM. El OMI advierte que esta relación podría configurar un potencial conflicto de interés, al involucrar a una persona asociada a actividades reguladas en funciones de regulación o toma de decisiones del sector.
Frente a este escenario, el Observatorio exhortó al ministro de Energía y Minas a revaluar la designación y priorizar profesionales con trayectoria ética comprobada y sin vínculos con la minería informal o ilegal. “Se garantiza plenamente la necesidad de contar con funcionarios sin intereses directos o indirectos que comprometan la credibilidad del proceso de formalización minera”, enfatiza el comunicado.
Asimismo, la organización pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Presidencia de la República ejercer una supervisión activa para evitar que intereses particulares influyan en decisiones del Ejecutivo. Del mismo modo, instó a los órganos de control y al Ministerio Público a evaluar posibles situaciones de conflicto de interés, corrupción o tráfico de influencias.
Finalmente, el OMI reafirmó su compromiso con la vigilancia ciudadana y advirtió que la permisividad institucional frente a este tipo de designaciones no solo profundiza la depredación ambiental, sino que también debilita el Estado de derecho y la viabilidad democrática del país.
