En un ambiente de colaboración y consenso, Trujillo fue el escenario del segundo encuentro de la iniciativa ‘Tejiendo Ciudadanía: Encuentros por el Perú’, que reunió a representantes del sector público, privado y organizaciones civiles para intercambiar ideas y debatir propuestas orientadas a contribuir con la resolución de los problemas que enfrenta la macrorregión norte.
En esta primera sesión del ‘Encuentro Norte’ se instalaron las mesas inaugurales del encuentro que debatieron las principales rutas de soluciones a las problemáticas de crimen organizado y economías ilegales. Esta sesión fue posible gracias a la colaboración de la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad de Jaén y la Universidad Nacional de Piura, instituciones clave en la identificación de esta problemática.
Este espacio de diálogo y discusión sobre los desafíos más urgentes de la macrorregión norte cuenta con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Red Científica Peruana y es financiado por la Unión Europea. Asimismo, tiene el apoyo del Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas como medios aliados.
Compromiso de lucha contra la criminalidad
En la primera mesa de discusión, Ricardo Valdés, director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), enfatizó la necesidad de una estrategia policial integral para abordar los graves problemas de criminalidad en La Libertad. «Los consejos provinciales, distritales y regionales deben establecer metas claras, gestionar eficazmente y fijar plazos concretos. De lo contrario, seguiremos repitiendo los mismos errores», afirmó.
Uno de los principales factores que desencadena la inseguridad ciudadana es la minería ilegal. Al respecto, Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la Minera Poderosa, alertó acerca de la disparidad en la asignación de recursos para erradicar este problema. «El presupuesto para combatir la minería ilegal es solo una tercera parte del destinado a la lucha contra el narcotráfico. Fortalecer las capacidades policiales no solo requiere de más recursos, sino de una mejor capacitación y equipamiento», enfatizó.
Sobre este tema, Sonia Medina, exprocuradora pública antidrogas, advirtió sobre la expansión de redes criminales dedicadas a la minería ilegal y otras formas de delincuencia en La Libertad. «Si nos enfocamos en el crimen organizado, el narcotráfico juega un papel central. Estas redes han arraigado en regiones como Piura y Trujillo, facilitando la proliferación de delitos conexos, siendo la minería ilegal una de las actividades más lucrativas», explicó.
Fortalecimiento de políticas públicas
En la segunda mesa de esta temática, el Coronel PNP Santos Arteaga, representante de la III Macro Región Policial de La Libertad, subrayó la importancia de un análisis profundo de las causas subyacentes de la criminalidad. «Las políticas públicas contra el crimen organizado no están alineadas; faltan cooperación, comunicación y coordinación. Sin estas ‘tres C’, nuestras acciones no pueden ser efectivas en la lucha contra el crimen», manifestó.
Desde el sector empresarial, Gabriel Daly, gerente general de la CONFIEP, abordó la sofisticación de las industrias ilegales, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y robusta. «Debemos abordar esta problemática desde una perspectiva más amplia, con una fuerte inversión en inteligencia y una firme decisión política. Aunque se creó el grupo GRECCO en febrero, este carece de recursos, y hemos tenido que apoyarlo desde el sector privado», señaló.
A nivel estatal, Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, destacó la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de enfrentar el crimen. «No podemos pretender combatir la delincuencia si nuestras instituciones están debilitadas. Es fundamental reforzar el Poder Judicial, la Policía Nacional, nuestra inteligencia, y el Ministerio Público», concluyó.
Finalmente, Rodrigo Gil, investigador principal del IEP, subrayó que la problemática que afecta a la macrorregión norte obliga a reconsiderar que vivir en democracia no se limita solo al ámbito electoral, sino que implica garantizar los derechos necesarios para una vida digna. “La seguridad ciudadana es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos”, enfatizó.
