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martes 22, octubre 2024

COP16: Expertos llaman a una acción internacional contra la minería ilegal en la Amazonía

Especialistas discutieron la urgencia de enfrentar este problema ambiental y social con políticas internacionales y una acción conjunta.

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En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), expertos y líderes regionales abordaron los devastadores efectos de la minería ilegal de oro en el bioma amazónico, durante un evento organizado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI). Bajo el título “Diversidad biológica y cultural amenazada por la minería ilegal en el bioma amazónico”, los ponentes llamaron a una acción colaborativa internacional para frenar esta actividad que destruye tanto la biodiversidad como las comunidades locales.

Un problema que cruza fronteras

El director del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake Forest (CINCIA), Luis E. Fernández, fue el principal expositor y resaltó que la minería ilegal no es solo un problema local, sino uno de carácter transfronterizo. «Los efectos de la minería ilegal de oro trascienden fronteras, con cadenas ilegales de mercurio que provienen incluso de países como México», explicó. Además, señaló que esta actividad contribuye a la deforestación masiva y la contaminación por metales pesados como el mercurio, lo que afecta tanto a los ecosistemas locales como a las comunidades que dependen de ellos.

Uno de los impactos más preocupantes que expuso fue la conversión de bosques amazónicos en cuerpos de agua contaminados. «En La Pampa, en Madre de Dios, el 30% de los bosques deforestados se han convertido en pozas mineras. De las 12 mil hectáreas de selva destruida, 4 mil son humedales contaminados con mercurio», advirtió Fernández. Esta transformación radical no solo altera el paisaje, sino que también crea nuevas fuentes de contaminación y dificulta la recuperación natural de los ecosistemas.

El experto también resaltó los impactos indirectos de la minería, como la fragmentación del paisaje, la degradación forestal y el aumento de incendios. “Los bosques dañados por la minería se vuelven más frágiles y propensos a incendios, lo que exacerba los efectos del cambio climático», señaló. Los bosques adyacentes a las zonas mineras también sufren, con mayores inundaciones y sedimentación que ahogan a los árboles y los debilitan aún más.

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Fernández también resaltó los impactos indirectos de la minería, como la fragmentación del paisaje, la degradación forestal y el aumento de incendios.

Las consecuencias ambientales y culturales

Andrea Buitrago, directora de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), añadió que la Amazonía no puede ser vista en aislamiento, sino como parte de un sistema biológico interconectado. «La respuesta debe estar orientada hacia una Amazonía conectada, donde las decisiones que se tomen en los Andes también impactan en los bosques amazónicos», sostuvo. La complejidad de la minería ilegal exige un enfoque regional y la colaboración entre gobiernos y comunidades locales, destacando la importancia de los derechos territoriales claros y un manejo sostenible de los recursos.

“La visión para una respuesta a esta problemática tiene que estar orientada hacia una Amazonía conectada como bioma y con una respuesta que supere la acción de cada país”. Además, destacó la importancia de que todos los actores involucrados, incluyendo las organizaciones indígenas y locales, formen parte del proceso de toma de decisiones.

Karina Garay, coordinadora de amenazas de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS), destacó que la minería ilegal debe tratarse como un delito transfronterizo, más allá de ser solo una infracción ambiental. «Existen organizaciones criminales que operan a lo largo de varias fronteras”, afirmó. También enfatizó la necesidad urgente de reforzar el marco legal: «Se necesita fortalecer las leyes que regulan la formalización minera, evitando la extensión de plazos, para impedir que más mineros ingresen a un registro de formalización sin cumplir con sus compromisos ambientales”. 

Finalmente, propuso una fiscalización más rigurosa tanto en el ámbito ambiental como administrativo. “Debe fortalecerse la supervisión en ambos frentes: en lo ambiental, asegurando que los mineros cumplan con sus compromisos de remediación; y en lo administrativo, vigilando el uso de maquinarias e insumos como el mercurio y el petróleo. Además, se necesita una legislación que garantice la trazabilidad del oro, identificando su origen y destino”, concluyó.

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Mauricio Cabrera, viceministro de políticas y normalización ambiental de Colombia expresó la urgencia de establecer un acuerdo internacional para la trazabilidad de minerales, especialmente del oro. (Foto: CINCIA) 

Gobernanza y acceso a la información

El secretario técnico de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Aarimo), Duban Canal, subrayó la importancia de empoderar a las comunidades locales con la información científica disponible. «Gran parte del capital científico no llega a las comunidades porque no pueden acceder a ella. Debemos regresar con los resultados de nuestras investigaciones y fortalecer su capacidad de gobernanza», mencionó. Este enfoque colaborativo podría transformar la relación entre las comunidades y sus territorios, haciendo que sean protagonistas en la protección de sus recursos.

Hacia un acuerdo internacional

La sesión cerró con las palabras de Mauricio Cabrera, viceministro de políticas y normalización ambiental de Colombia, quien expresó la urgencia de establecer un acuerdo internacional para la trazabilidad de minerales, especialmente del oro. Este acuerdo, que se espera firmar el 29 de octubre, involucrará a varios países amazónicos, incluyendo a Perú, y buscará cortar el flujo de minerales ilegales hacia los mercados internacionales.

“La idea es avanzar con el apoyo de Naciones Unidas para lograr una mayor transparencia y trazabilidad de los minerales, cerrando el camino a la minería ilegal”, señaló Cabrera. Esta iniciativa política apunta a ser un paso para reducir los impactos ambientales y sociales que genera la minería ilegal.

 

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