En el marco de la Expoamazónica 2025, el foro «Puesta en valor de los servicios ecosistémicos para la conservación de la biodiversidad» reveló la estrategia del Perú para convertir su riqueza natural en una ventaja económica sostenible. La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Raquel Soto, lideró el debate, destacando que el país debe consolidar su institucionalidad ambiental e impulsar mecanismos financieros innovadores para asegurar el bienestar de las poblaciones amazónicas.
La viceministra subrayó que el rol del sector como ente rector va más allá de la conservación; implica una articulación efectiva entre los diferentes sectores del Estado, la academia, el sector privado y las comunidades. Resaltó que el Perú, al ser uno de los 20 países megadiversos del mundo, tiene una «gran responsabilidad» que debe traducirse en la movilización de recursos a través de mecanismos como los créditos de biodiversidad y el desarrollo de orientaciones claras para el mercado de carbono.
Inversión, tecnología y bionegocios en la Amazonía
El foro presentó una serie de avances concretos que demuestran la viabilidad de la bioeconomía en la selva peruana:
- Inversión en biodiversidad: El Minam ha canalizado S/22 millones a instituciones financieras, lo que ha generado 3935 créditos a emprendedores amazónicos, contribuyendo a la conservación de más de 10 000 hectáreas de bosques.
- Recuperación de ecosistemas: Se están restaurando 250 hectáreas degradadas por minería ilegal en Madre de Dios y se está invirtiendo en proyectos de recuperación de especies emblemáticas como la pava gigante, el suri y el tapir.
- Seguridad alimentaria: Se tiene la meta de brindar 6.7 millones de alevinos (gamitana, paco y boquichico) a 500 comunidades para fortalecer la seguridad alimentaria y generar una proyección anual de S/57 millones en beneficio de más de 7000 familias.
La voz de los expertos: Consenso y crítica constructiva
Los panelistas, representantes de la ciencia, el financiamiento y la gestión, reforzaron la necesidad de una gobernanza compartida y eficiente:
1. Norma Salinas (INTE-PUCP): Ciencia y compromiso comunitario
La investigadora Norma Salinas destacó el rol de la ciencia aplicada y el monitoreo de la biomasa forestal como herramientas para convencer a las comunidades de conservar. Puso como ejemplo el trabajo en el Parque Nacional del Huascarán, donde se demostró a los productores que mantener el bosque aseguraba una mejor calidad de agua. Narró cómo una productora, al diversificar sus ingresos con productos alternativos como el aguaymanto, logró su independencia económica y resolvió el conflicto territorial con el parque.
2. Diana Rivera (PNUD Perú): La importancia de los incentivos
Rivera subrayó la necesidad de incentivos financieros y de mercado para sostener la conservación. Mencionó la iniciativa «Paisajes Productivos» en Ucayali, donde los productores han pasado de ver la sostenibilidad como un «capricho» a firmar acuerdos de restauración por convicción. Sin embargo, advirtió sobre la alta dependencia del financiamiento internacional y la necesidad de una mejor articulación entre los niveles nacional, regional y local para que los recursos fluyan.
3. Gustavo Suárez de Freitas (Earth Innovation Institute): La urgencia del REDD+ Jurisdiccional
Suárez de Freitas fue categórico: el principal problema ambiental en la Amazonía es la deforestación, causada por la agricultura de pequeña escala realizada en condiciones inapropiadas, una tendencia que no ha disminuido. Argumentó que los proyectos REDD+ individuales, aunque son útiles para ciertos actores, no cambian la curva de deforestación a nivel nacional.
El gran desafío del financiamiento: Para revertir esta tendencia, la Amazonía requiere «ingentes cantidades de dinero» que solo pueden provenir de los mercados de carbono, específicamente a través del REDD+ Jurisdiccional.
Sobre el modelo de gobernanza, el experto urgió a Perú a aplicar este esquema, que es sustantivamente diferente al de proyectos individuales. El REDD+ Jurisdiccional implica la aplicación de políticas públicas e incentivos a escala territorial, con el Estado liderando el proceso para asegurar el beneficio de todos los actores (ANP, comunidades, pequeños productores). Mencionó el caso de Brasil como ejemplo de un sistema que aplica políticas públicas a escala territorial.
La clave de la distribución de beneficios: Un componente fundamental que Perú aún no define es la regla de distribución de beneficios (stock y flujo). Señaló que esta distribución funcional se convierte en el incentivo más poderoso para que las regiones se alineen con las políticas nacionales de reducción de emisiones, ya que el que no se alinea, se queda sin recursos. «Continuar con la equidad de proyectos y no trabajar a nivel jurisdiccional es un error enorme», concluyó, pidiendo un debate urgente sobre este tema clave para el desarrollo amazónico.
4. Claudia Godfrey (Profonanpe): Innovación y Fondos Verdes
Godfrey enfatizó que la solución está en la innovación financiera. Mencionó la experiencia de los fondos de agua y la creación del programa de Inversión Amazónica como modelos que buscan financiamiento reembolsable, reduciendo la dependencia de la donación. Subrayó la importancia de la co-creación con las comunidades y la necesidad de diseñar buenos proyectos, ya que la innovación en la gestión pública requiere probar y aprender del error.
5. Alfredo Neyra (Sernanp): Las ANP como oportunidad de desarrollo
Neyra reforzó el mensaje de que las Áreas Naturales Protegidas no son una obstrucción al desarrollo. Destacó que el Sernanp trabaja de la mano con las comunidades locales, sus «principales socios y aliados». Puso como ejemplo la Reserva Nacional de Tambopata, donde el manejo de taricayas genera S/2.5 millones de beneficio a la población, demostrando que la conservación se traduce directamente en empleo e ingresos para las comunidades amazónicas.
Desafíos para el futuro
El panel concluyó que, para consolidar el liderazgo del Perú, se debe enfrentar la insuficiencia de financiamiento, fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y asegurar la articulación intersectorial. El camino está trazado con la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, pero el éxito dependerá de si el Estado logra traducir las políticas en programas presupuestales concretos y vinculantes, apostando por labioeconomía, los bionegocios y los créditos de biodiversidad.
