En su informe de julio de 2025, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió sobre un preocupante aumento en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país. Entre los casos más graves figuran denuncias penales impulsadas por funcionarios de alto nivel, amenazas de muerte a reporteros y propuestas legislativas que restringirían el ejercicio de la libertad de prensa.
El documento registra denuncias por parte del asesor presidencial y exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra periodistas de Latina por el presunto delito de reglaje; así como de la fiscal Marita Barreto contra reporteros de Willax por supuestos delitos de acoso, violación de domicilio y hasta pertenencia a una “banda criminal”. Según el CPP, “denunciar a periodistas por reglaje (…) y por formar bandas criminales (…) se está normalizando en el Perú, a pesar de que en realidad lo que hacen es informar a la ciudadanía sobre asuntos oscuros en la gestión pública”.
Hostigamiento y amenazas de muerte
El informe también documenta hostigamiento desde el aparato estatal contra el diario La República, tras una nota sobre el deterioro de trenes de Lima. La Municipalidad de Lima acusó públicamente al medio de dañar el tapiz de un vagón y, tras ello, la periodista Grecia Infante recibió amenazas de muerte y presiones contra su familia. Un grupo de simpatizantes del alcalde Rafael López Aliaga se presentó en la sede del diario para insultar y vandalizar su fachada.
En Áncash, la directora de Huaraz Noticias, Gudy Gálvez Tafur, también fue amenazada de muerte tras publicar reportajes sobre presuntos actos de corrupción en obras públicas. “La amenaza contra la vida de las periodistas Grecia Infante y Gudy Gálvez debe tomarse con la mayor de las alarmas”, advierte el CPP, recordando que este año ya han sido asesinados dos periodistas y la vivienda de otro fue atacada a balazos.
Proyecto de ‘Ley Mordaza’ y restricciones legales
Otro foco de preocupación es el avance en el Congreso de la llamada Ley Mordaza, que incrementa las penas de cárcel por difamación e introduce cambios como la rectificación obligatoria en un plazo de un día, publicada durante tres días consecutivos. El dictamen, impulsado por Perú Libre y el Bloque Magisterial, ya fue aprobado en primera votación. Para el CPP, esta norma “es un intento más (…) de ampliar las penas de cárcel no solamente contra periodistas, pues puede ser aplicada contra cualquier ciudadano con opiniones disidentes del poder de turno”.
El informe también menciona una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado garantizar que representantes legales de presuntas víctimas puedan ejercer libremente su labor en procesos internacionales. El CPP celebra este fallo porque “puede sentar un precedente para aquellos defensores de las libertades de expresión y de prensa en el Perú” frente a los riesgos que plantea la nueva ley que fortalece a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Entre otros incidentes, el informe recoge agresiones físicas a fotoperiodistas durante protestas y ataques a equipos periodísticos que investigaban casos de presunta corrupción. Para el gremio, la tendencia es clara: “el abuso de la ley para hostigar y perseguir periodistas por parte de autoridades es un patrón que se repite y que amenaza seriamente el derecho a informar y a estar informado”.
