El Perú terminó 2025 con una marca que estremece al oficio periodístico. El informe mensual de libertad de expresión del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) registra en diciembre los asesinatos de los periodistas Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, además de atentados armados, agresiones físicas y decisiones estatales que, según la entidad, “abren una oscura puerta” para informar sobre asuntos de interés público.
Diciembre bajo fuego: asesinatos y atentados
Fernando Núñez, director del portal Kamila TV en La Libertad, fue asesinado por sicarios cuando regresaba de una cobertura. El CPP detalla que el crimen estuvo ligado a su trabajo de investigación sobre presuntas irregularidades en obras de infraestructura en Pacasmayo y que “la hipótesis principal es que Núñez habría sido asesinado por las denuncias que realizaba en su programa”. Las indagaciones apuntan a una coordinación criminal desde prisión.
Pocos días después, el periodista Mitzar Bato Castillejos, de Ucayali, fue atacado a balazos y murió tras varios días de lucha por su vida. El informe señala que Castillejos investigaba presuntas irregularidades en la gestión municipal de Padre Abad. Ambos casos, subraya el CPP, confirman un patrón de violencia contra el periodismo regional.
El mes cerró con otro ataque de alto riesgo: el vehículo del periodista Anthony Rumiche, de Prensa Callao TV, recibió más de 20 disparos. Rumiche había publicado investigaciones sobre corrupción en la gestión del gobernador regional del Callao. “No es la primera vez que sufre represalias por su trabajo”, consigna el reporte.
Amenazas, agresiones y presiones
El documento también recoge la denuncia de la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, sobre un presunto seguimiento para eliminarla; y la agresión contra el periodista Javier Rumiche y el camarógrafo John Altamirano, de RPP, retirados de manera violenta por un escolta presidencial durante un acto público en Tacna. El CPP rechaza ese proceder y recuerda que el presidente lamentó lo ocurrido y aseguró que “no debe volver a darse”.
En el plano institucional, el informe cuestiona la designación de la jefatura del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y reitera críticas a la falta de independencia editorial. El Consejo recuerda que ha presentado propuestas para garantizar su autonomía tras documentar coberturas sesgadas y despidos de periodistas por sus posiciones.
Un año récord de violencia
Para el CPP, diciembre sintetiza un problema estructural. “Los asesinatos de Fernando Núñez y de Mitzar Castillejos en diciembre, junto a los de Gastón Medina y Raúl Celis, hicieron del 2025 el año más sangriento en décadas”, señala el informe. A ello se suma una cifra alarmante: “el año pasado se registraron 458 ataques contra periodistas”, según datos citados de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con “los actores estatales” concentrando “el 70% de las agresiones”.
La organización advierte sobre los efectos de la impunidad. Coincide con el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Pierre Manigault, quien alertó que la falta de sanciones enviaría “un mensaje devastador para la sociedad y un aliciente para que estos crímenes se repitan”. En la misma línea, recoge la voz del director general de la Unesco, Khaled El-Enany: “los ataques contra periodistas tienen un efecto paralizante para la libertad de expresión y para el conjunto de la sociedad”.
Alertas legales y pedidos al Estado
El informe dedica un apartado a la reciente modificación del Código Penal que incorpora el “delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”. Aunque la ley menciona la protección de la libertad de información, el CPP advierte que esta reforma “abre una oscura puerta para la libertad de expresión e información”, pues podría cerrar el acceso a fuentes esenciales.
Frente a este escenario, el Consejo exige que los crímenes contra los cuatro periodistas asesinados sean investigados “con la agudeza que merecen”, que todos los responsables enfrenten “severas sentencias” y que el Estado garantice la vida de quienes informan. El cierre del año, concluye el informe, deja un desafío ineludible: frenar la violencia y asegurar condiciones reales para ejercer el periodismo en el Perú.
