LIMA. El 4 de enero último, el legislador de la bancada de Acción Popular, Edwin Martínez, envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitando que firme dicho proyecto de ley. Este proyecto, “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal”, está integrado por tres proyectos acumulados, uno de los cuales es de autoría de Martínez.
Lamentablemente, esta modificatoria facilita la deforestación en la Amazonía, debilita las normas ambientales y viola los tratados internacionales sobre temas ambientales, de comercio y de derechos humanos de los pueblos indígenas, entre ellos el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos.
Aprobación definitiva en pausa
Esta propuesta de ley fue aprobada por insistencia y por 70 votos durante el pleno del Congreso del 14 de diciembre pasado y hasta la fecha no ha sido publicada.
De esta forma, la aprobación definitiva de la ley ha quedado en pausa hasta que en marzo de 2024, cuando se inicie la Segunda Legislatura Ordinaria, se debatan las dos reconsideraciones presentadas por dos congresistas. Resulta que el 15 y 18 de diciembre, respectivamente, las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes presentaron reconsideraciones de la votación de dicha propuesta de ley.
Sin embargo, en su oficio, Martínez le dice a Soto que, de acuerdo al Reglamento del Congreso, no se pueden presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o la dispensa de aprobación de dicho proyecto de ley.
112 organizaciones en contra
Ante la insistencia en modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 112 grupos, entre organizaciones indígenas, gremios productores agrarios y entidades no gubernamentales emitieron un comunicado alertando sobre el debilitamiento de las normas ambientales, sociales y de derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el país.
Dicho comunicado fue enviado al Consejo de Asuntos Ambientales del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos, a la Oficina del United States Trade Representative (USTR) y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Así, denunciaron que esta situación es promovida y permitida por el Ejecutivo y el Congreso, vulnerando los compromisos internacionales del Perú.
Por esta razón, solicitaron que dicho Consejo de Asuntos Ambientales del APC entre Perú y Estados Unidos realice una inmediata supervisión de esta norma y de los impactos de las anteriores normas dadas que vienen flexibilizando los estándares ambientales desde la entrada en vigencia del APC.
Cambios perjudiciales de la Ley Forestal
Como ha reseñado Inforegión, expertos y ambientalistas han advertido que los cambios a la Ley Forestal incentivan prácticas ilegales, como tráfico de tierras, deforestación, degradación de bosques y afectación de los derechos de los pueblos indígenas.
La norma aprobada en diciembre de 2023 dispone que los bosques de producción permanente ya no sean establecidos por resolución del Ministerio del Ambiente (Minam), sino por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Además, con la modificación del artículo 33, la autoridad que aprobará la zonificación será también el Midagri, desplazando en esa función al Minam. Y el expediente técnico será elaborado por los gobiernos regionales y tan solo con la opinión previa del Minam.
También preocupa que en las disposiciones complementarias de la norma se suspenda la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para otorgar títulos habilitantes, con excepción de concesiones forestales maderables.
