LIMA. En los últimos meses del 2023, se ha registrado un incremento constante de los conflictos sociales, superando los 220 casos, la cifra más alta en los últimos siete años. El 60% de estos conflictos son socioambiental. De ese total, el 67% está vinculado con la minería, tendencia que se mantiene desde hace 20 años, según señala el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).
El reciente documento expone que el aumento de los conflictos se ha asociado con el incremento de acciones de protesta colectiva, las cuales han aumentado de 232 en agosto a 410 en octubre. Al analizar por macro región, se observa que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, el 34% en el sur y el 20% en el centro.
El economista peruano José De Echave, investigador de la ONG CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, advirtió que estos datos, provenientes de la Defensoría del Pueblo, desmienten la versión gubernamental de que los conflictos ya fueron pacificados.
Conflictos sociales: Expansión de la minería ilegal e informal
En meses recientes, algunos conflictos pasaron de ser latentes a activos, como los de las provincias de Chumbivilcas, Cotabambas y Huanta, en el corredor surandino. Igualmente, los casos de Huanta, en Ayacucho, por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca, y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz, en La Libertad.
En esa línea, el informe del OCM revela que la minería ilegal se ha expandido a las fronteras, afectando la zona de la Cordillera del Cóndor y el río Cenepa en el límite con Ecuador, así como el río Putumayo en la línea fronteriza con Colombia, donde comunidades indígenas enfrentan actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, especialmente en el Alto Putumayo.
De Echave también destacó, negativamente, el crecimiento exponencial de la minería ilegal en los últimos 15 años, con un fuerte impacto económico y político. Según estimaciones en base a cifras oficiales, la minería ilegal e informal ocupan alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional, superando las concesiones mineras formales que abarcan cerca de 20 millones de hectáreas.
Asimismo, indicó que la minería informal, que antes estaba predominantemente centrada en metales preciosos como el oro, ahora se ha diversificado, incluyendo la extracción de metales de base como el cobre y también productos no metálicos. La presencia de la minería ilegal e informal se extiende prácticamente por todo el país, afectando a casi todas las regiones.
Ausencia del Estado y el impacto de la pandemia
La ausencia del Estado, agravada durante la pandemia, es señalada por Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, como uno de los factores detrás de la expansión de la minería ilegal. Para enfrentar este fenómeno, sin embargo, es necesario fortalecer las organizaciones sociales de base, de acuerdo Mirtha Villanueva, directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), considerando, de manera especial, que las mujeres y niños son los más afectados.
Déficit hídrico y proyectos mineros
En cuanto al déficit hídrico, el Banco Mundial reveló que Lima ha experimentado el volumen de almacenamiento de agua más bajo en los últimos cinco años. En comparación con la capacidad de almacenamiento promedio de 2500 m3 per cápita en América Latina y El Caribe, Perú apenas alcanza los 180 m3.
Ante al riesgo inminente de déficit hídrico, en setiembre, el Ejecutivo declaró una emergencia de 60 días en 544 distritos de 14 departamentos. Según Leyva, el gobierno tiene un doble discurso al apoyar la ejecución de la mina Ariana sobre la zona productora de agua más importante para Lima y Callao. Si la mina Ariana empieza a operar, pondría en riesgo la distribución de agua potable para casi 11 millones de personas.
Por otro lado, David Velasco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), se refirió a la persistente controversia vinculada al proyecto minero Río Blanco, en Piura, cuya inversión ascendería a US$ 2400 millones. Manifestó que, a pesar de la ausencia de licencia social, el gobierno impulsa su avance. Esto genera preocupación porque afectaría cabeceras de cuenca y colchones acuíferos.
