La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) ha expresado su «profunda preocupación» ante el debate legislativo que busca extender por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y, de manera crucial, reincorporar a miles de mineros informales que habían sido previamente excluidos del proceso.
En un comunicado, CONFIEP alertó que la aprobación de este dictamen representaría un «grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal», un flagelo que impacta directamente en la seguridad, el medio ambiente y la economía del país.
El REINFO como instrumento para la ilegalidad
Según el gremio, las sucesivas prórrogas del REINFO no han servido para consolidar la formalización. Por el contrario, han sido utilizadas por operadores ilegales para continuar actividades al margen de la ley.
La CONFIEP advierte que, de aprobarse la iniciativa, se producirían efectos de alto riesgo:
- Aumento de la Criminalidad: Se incrementaría la violencia asociada a organizaciones criminales que usan la minería ilegal para actividades como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación masiva.
- Vulnerabilidad Laboral: Miles de trabajadores quedarían expuestos a condiciones laborales precarias, sin acceso a seguridad social ni protección frente a riesgos laborales.
- Riesgo de Sanciones Internacionales: La iniciativa contraviene los compromisos internacionales de Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal (CAN), lo que podría acarrear sanciones y restricciones comerciales que afectarían la canasta exportadora nacional y a las mypes.
Llamado a la responsabilidad y legalidad
La CONFIEP fue enfática en su llamado al Congreso de la República a «actuar con responsabilidad, priorizando el interés nacional, el respeto al marco legal y la protección de los ciudadanos».
El gremio empresarial reafirmó que una verdadera formalización minera debe sustentarse en reglas claras, plazos definitivos, trazabilidad y una supervisión efectiva. Subrayó que el crecimiento económico debe avanzar siempre de la mano con la legalidad, la seguridad y la preservación del ambiente, instando a fortalecer la institucionalidad en lugar de revertir los avances logrados.
