El Parque Nacional Huascarán, ubicado en Áncash y reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad, fue escenario de un proceso judicial sin precedentes. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz condenó a ocho años de prisión a Johan Orlando Larragán Chamorro por el delito de minería ilegal dentro de esta área protegida.
La sentencia responde a una denuncia presentada por la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, que activó una investigación conjunta entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Policía Nacional del Perú – Medio Ambiente y el personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Además de la pena privativa de libertad, el juzgado dispuso que el condenado pague S/ 20 000 por concepto de reparación civil y cumpla con 300 días multa. El delito ocurrió en la Concesión Minera Amistad, situada en la quebrada Cajavilca, distrito de Yanama, provincia de Yungay.
De acuerdo con la resolución judicial, esta decisión busca reconocer la magnitud del daño ambiental causado en un ecosistema de importancia mundial y reafirmar la protección de las áreas naturales del país.
Rol del Sernanp y aliados
El proceso judicial contó con un amplio soporte técnico y legal. Guardaparques, especialistas y administrativos del Sernanp brindaron la información necesaria para demostrar el impacto ambiental de las operaciones mineras ilegales en la zona.
Gracias a esta labor articulada, la fiscalía pudo sustentar la acusación y lograr una sentencia condenatoria en primera instancia, considerada un paso significativo en la lucha contra la minería ilegal que afecta los ecosistemas de alta montaña.
El Sernanp destacó que este fallo representa no solo un triunfo legal, sino también un mensaje de firmeza frente a las amenazas contra el Parque Nacional Huascarán. La entidad señaló que continuará impulsando acciones conjuntas para proteger la biodiversidad y los recursos hídricos que nacen en este espacio natural.
En palabras del organismo, el objetivo es “reafirmar el compromiso con la lucha frontal contra la minería ilegal y la protección del Parque Nacional Huascarán, patrimonio natural y cultural de todos los peruanos”.
Importancia del fallo
Aunque se trata de una sentencia en primera instancia, las autoridades ambientales consideran que sienta un precedente judicial en el país. Reconocer el daño ambiental como un delito grave fortalece los mecanismos legales para sancionar actividades que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas más valiosos del Perú.
Este fallo, además, se convierte en un recordatorio de que la protección de las áreas naturales requiere no solo vigilancia y control, sino también la acción decidida de la justicia frente a quienes vulneran la ley.
