La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó este miércoles 18 de noviembre extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida obtuvo 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, en medio de cuestionamientos de especialistas y gremios empresariales que advierten que el esquema, al prolongarse, afianza la informalidad y crea condiciones que pueden favorecer operaciones ilegales, además de profundizar los daños ambientales y sociales vinculados a estas actividades.
Un padrón ampliado y el retorno de excluidos
La decisión incluye la posibilidad de que operadores previamente retirados puedan reingresar al proceso de formalización. De acuerdo con reportes del Ministerio de Energía y Minas, cerca de 50 mil mineros fueron excluidos en los últimos años, y su eventual reincorporación ha sido uno de los puntos que genera mayor resistencia entre especialistas y organizaciones opositoras.
Asimismo, la comisión aprobó un texto “con cargo a redacción”, lo que implica que el dictamen aún será modificado. Ese documento integrará los aportes de la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien ha propuesto introducir restricciones para los mineros con sentencias condenatorias firmes por delitos como minería ilegal, trata de personas o actividades en zonas prohibidas.
Protestas fuera del Congreso
Mientras la comisión sesionaba, grupos de mineros informales bloquearon la avenida Abancay como medida de presión para que sus demandas sean atendidas. La manifestación añadió tensión a un debate que ya polariza a autoridades, gremios y especialistas.
Los votos a favor provinieron de las bancadas de Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Socialista, Honor y Democracia y Renovación Popular. La ampliación del Reinfo todavía debe discutirse y aprobarse en el Pleno del Congreso.
Reacciones del sector empresarial
Antes de la votación, gremios empresariales como Adex, Confiep, Comex y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expresaron su rechazo. Alertaron que un régimen transitorio sin control “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”. Señalan que la Comunidad Andina podría imponer restricciones comerciales a productos nacionales si el país incumple sus compromisos en la lucha contra la minería ilegal.
El Tribunal Constitucional también advirtió en abril que extender regímenes que permiten operar sin fiscalización profundiza los impactos en poblaciones vulnerables, reduce ingresos fiscales y agrava el deterioro ambiental.
Observatorio de Minería Ilegal advierte riesgos
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) también publicó un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales, líderes indígenas y especialistas en derecho ambiental. El texto es enfático: “Una ampliación más del Reinfo desnaturaliza su finalidad transitoria, fomentando una minería desordenada, que opera sin cumplir normas ambientales y laborales”.
El OMI sostiene que el Congreso está a punto de consolidar un sistema que, por más de dos décadas, no ha logrado controlar la minería ilegal: “Resulta preocupante que una institución democrática como el Congreso considere extender un sistema que (…) solo perpetúa estos problemas sin ofrecer soluciones de fondo”, señala el documento.
El pronunciamiento también exige que el Estado avance hacia una ley integral para la MAPE, con criterios técnicos y ambientales sólidos, y que se priorice la depuración del padrón para identificar a quienes realmente buscan formalizarse.
