El Ministerio del Interior confirmó la inclusión de cuatro sentenciados por el caso Saweto en la lista de “Los más buscados” del Programa de Recompensas. Se trata de José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar Atachi y Segundo Atachi, responsables del asesinato de los.
La decisión fue oficializada el jueves 5 de enero y atiende un reclamo reiterado de los deudos, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos. Pese a existir una sentencia firme, los condenados permanecen en la clandestinidad desde hace más de once años, lo que convirtió el caso en un emblema de la impunidad frente a la violencia contra defensores indígenas y ambientales.
Sustento legal y alcance de la medida
Según el informe N.° 000002-2026-COMOPPOL-DIRNIC-SEC-OFIREC/PNP, la inclusión se sustenta en la tipificación del delito como homicidio calificado, considerado de alta lesividad. Este criterio se enmarca en el reglamento del Decreto Legislativo N.° 1180, que regula el beneficio de recompensa para facilitar la captura de responsables de delitos de especial gravedad.
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la medida fue saludada como un paso necesario para que la sentencia tenga efectos reales. “Esta medida devuelve un mínimo de esperanza a las familias y a los pueblos indígenas. Durante años hemos exigido que las sentencias no queden en el papel. La inclusión en la lista de los más buscados es un paso necesario para que haya justicia real y se pueda dar con el paradero de los responsables”, señaló Miguel Guimaraes, vicepresidente de la organización.
Líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima.
Reacciones desde la defensa legal
El equipo legal del caso también destacó el alcance de la decisión en términos de cumplimiento judicial. “No se puede hablar de Estado Constitucional de Derecho cuando hay sentencias firmes que no se cumplen. La inclusión de los sentenciados en el Programa Nacional de Recompensas es fundamental para avanzar hacia su captura y cerrar un ciclo de impunidad que ha sido inaceptable”, indicó Rocío Trujillo, asesora legal del caso Saweto.
En enero, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorgó un reconocimiento a las viudas y a la hija de los líderes ashéninkas, en el marco de los 11 años de resistencia y búsqueda de justicia. Durante ese acto, Ergilia Rengifo reiteró el pedido para que se respeten sus derechos y se haga efectiva la sanción contra los responsables.
Exigencias pendientes al Estado
Para AIDESEP, la inclusión en la lista de los más buscados marca un avance, aunque la justicia se concretará con la captura de los sentenciados y con garantías de protección para la comunidad. En ese sentido, remarcaron la necesidad de una articulación efectiva entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras y la Policía Nacional del Perú, incluida la comisaría de Putaya, para resguardar a las mujeres afectadas, a las familias y a la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto.
“Esperamos que esta decisión se traduzca en acciones inmediatas y resultados concretos. La deuda del Estado con Saweto no se salda hasta que los responsables estén tras las rejas”, remarcó Trujillo, al subrayar que el caso sigue siendo un termómetro del compromiso estatal frente a la violencia asociada a economías ilegales como la tala ilegal en la Amazonía.
