De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta finales de mayo de 2024, la región de Ayacucho registró un total de ocho conflictos sociales, tres de ellos sin diálogo. El defensor del Pueblo, Wilber Vega Mendoza, mencionó que el 70 por ciento de los conflictos son socioambientales vinculados con la minería o la demarcación territorial.
Uno de los recientes conflictos se dio en la provincia de Vilcas Huamán, cuyas comunidades campesinas convocaron a un paro de 72 horas en la ciudad de Ayacucho en rechazo a la actividad minera dentro de su jurisdicción. Actualmente, el pliego viene siendo atendido mediante una mesa técnica para el desarrollo integral de Vilcas Huamán, presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Otro conflicto activo data de septiembre de 2023, donde el Comité de Lucha por los Derechos de la Población de Huanta, junto al comité de regantes y el Frente de Defensa, rechazan las actividades mineras formales e informales que se desarrollan en las zonas cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca y el distrito de Chaca.
Desde octubre de 2022, la comunidad de Huallhua (distrito de San Javier de Alpabamba, Páucar del Sara Sara) demanda a la compañía minera Ares SAC la renegociación del derecho de servidumbre de los terrenos y el convenio marco. Igualmente, las familias del centro poblado de Huancute (distrito de San Francisco de Rivacayco, Parinacochas) mostraron su preocupación por la posible afectación a su derecho a la posesión y propiedad comunal por la presunta renovación del contrato de servidumbre de ocupación, por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) a favor de la compañía minera Ares.
Además, se reportó un conflicto que viene desde 2017 entre la comunidad de Chiquintirca y la Empresa Transportadora de Gas del Perú SA. Ellos piden la indemnización por el funcionamiento de un helipuerto que habría originado fuerte contaminación sonora. También piden la reubicación de viviendas dentro de los 200 metros del gasoducto, la masificación del gas en la zona y el cumplimiento de la compensación por daños ambientales como el derrame ocurrido en 2015.
Por otro lado, las comunidades de Chiquintirca y Anchihuay, en La Mar, aún no han solucionado el problema de delimitación de sus linderos comunales. Estas diferencias ya cobraron la vida de una persona y dejaron decenas de heridos. Asimismo, en noviembre de 2020, los pobladores de la comunidad campesina de Santa Rosa de Huancapuquio, en Vilcas Huamán, denunciaron la intención de desalojo por parte de comuneros de Pomacocha y anexos por la disputa de un área ocupada por las familias de Huancapuquio.
En la región ocurrieron 11 acciones colectivas de protesta (de las 353 registradas a nivel nacional). Sobre ello, el defensor precisó que siempre se mantienen alerta para intervenir y procurar el respeto de los derechos humanos y las acciones humanitarias que correspondan.
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