Una operación desarrollada por efectivos de la Policía Nacional, el Serenazgo de Leoncio Prado, la Compañía de Bomberos y el Hospital de Tingo María logró desalojar a los comerciantes que ocupaban ilegalmente las veredas de la Institución Educativa Ricardo Palma, en una operación que contó con la supervisión de representantes del Ministerio Público y que se desarrolló pese a las amenazas de algunos dirigentes lanzadas a través de medios de comunicación que señalaban que el intento de desalojarlos traería como consecuencia violencia, heridos e incluso muertos.
