La Comisión Agraria del Congreso ha aprobado un dictamen que modifica el artículo 46 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una medida reconocida como «Ley Antiforestal 2». Este dictamen flexibiliza los controles sobre especies amenazadas como el shihuahuaco, un árbol cuya madera es altamente valorada en el mercado internacional, pero su explotación descontrolada pone en peligro su supervivencia.
La modificación cambia la verificación obligatoria del 100% de los árboles declarados de especies incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por una metodología basada en muestreo. Esta decisión es vista como un retroceso en los esfuerzos de conservación y una amenaza directa para estas especies vulnerables.
Modificación sin consulta previa
El dictamen establece que la verificación se realizará a partir de una muestra representativa, sin especificar aún la metodología que aplicará el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este cambio afecta particularmente a especies protegidas por la CITES, como el shihuahuaco y el tahuarí, que requieren un control mucho más estricto para prevenir su explotación indiscriminada. Por lo que una «muestra» no es considerada suficiente.
Tanto las organizaciones indígenas como las de la sociedad civil han venido expresando su malestar a esta medida, denunciando que la modificación fue aprobada sin diálogo ni consulta previa a las comunidades locales, contraviniendo así sus derechos. Durante el debate del dictamen, la congresista Silvana Robles recordó que la aprobación original de la Ley Forestal fue fruto de un extenso proceso de consulta con los pueblos indígenas.
«Este dictamen debería archivarse, ya que no ha pasado por un proceso de consulta previa, lo que representa una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios», manifestó. Sin embargo, la comisión continuó adelante con la votación.
Riesgos para el shihuahuaco
El shihuahuaco es una de las especies más emblemáticas de los bosques amazónicos peruanos. Con una longevidad que puede superar los 1 000 años, estos árboles cumplen un papel importante en la biodiversidad de la región, ya que proporcionan hábitat para especies en peligro como el águila harpía. Además, son fundamentales en la captura de carbono, lo que los convierte en una herramienta natural clave en la lucha contra el cambio climático.
No obstante, su explotación ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsada por la demanda internacional de maderas duras, especialmente en mercados como Europa y China. Esta presión ha generado serias preocupaciones sobre la capacidad de la especie para regenerarse de manera sostenible. La tala intensiva, sumada a la falta de control riguroso, ha puesto en duda la estabilidad de sus poblaciones y su futuro en los bosques amazónicos.
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, ha sido una de las voces críticas respecto a esta modificación. Explicó a Inforegión que el dictamen debilita los mecanismos de control al permitir un muestreo en lugar de la verificación total de los árboles. «El Perú se comprometió a proteger estas especies, pero lo que ha hecho es flexibilizar el marco de protección», afirma. «Están reduciendo los controles sin ofrecer claridad sobre el proceso, sin especificar los niveles de muestreo, y facilitando el comercio de especies amenazadas sin una supervisión adecuada», añade.
Este cambio legal se produce en un momento crítico, justo cuando el shihuahuaco y el tahuarí están por ser incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), una medida que entrará en vigor en noviembre de este año. Perú había solicitado un plazo de dos años para adaptarse a las exigencias de CITES y preparar un sistema de fiscalización adecuado para cumplir con los estándares internacionales, pero según Ipenza, lejos de utilizar el plazo de dos años que se otorgó para prepararse adecuadamente, el Estado peruano ha optado por debilitar los mecanismos de control.
Carta de alerta a CITES
Previendo el impacto negativo de esta flexibilización, Ipenza, junto a especialistas y representantes de diversas organizaciones ambientales, entre ellos Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), y Rolando Navarro, exdirector del Osinfor, enviaron una carta a la Secretaría de la CITES. En dicha misiva, destacaron que la exportación sin una verificación exhaustiva del origen legal de los árboles, contradice la legislación forestal vigente y los compromisos internacionales asumidos por Perú.
«Por estas razones, la sociedad civil viene solicitando la desestimación del Proyecto de Ley N°7085/2023, porque atenta contra nuestros bienes comunes, y lleva al Perú a incumplir sus compromisos de protección de las especies forestales ante la amenaza de la sobreexplotación, en beneficio de determinados intereses económicos», señala la carta. Asimismo, expresaron su preocupación por la campaña «¡Declara hoy, exporta mañana!» promovida por Serfor, que permitiría la exportación de madera de shihuahuaco y tahuarí sin verificación previa del origen legal.
¿Qué sigue para la protección del shihuahuaco?
El impacto de esta ley no solo afecta al ecosistema, sino también a las comunidades indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia. Muchas de estas comunidades han denunciado la falta de consulta previa sobre los cambios en la legislación forestal, una medida que consideran no solo injusta, sino también peligrosa para la sostenibilidad de sus territorios.
Con el dictamen ya aprobado, se anticipa una movilización de la sociedad civil y las organizaciones ambientales, quienes ya se han pronunciado en contra de la primera Ley Antiforestal. La carta enviada a la CITES fue solo uno de los pasos en una serie de acciones que buscan frenar el debilitamiento de la legislación forestal y proteger los recursos naturales del país.
