Durante el conversatorio ‘Minería de oro en la Amazonía peruana, ¿cómo vamos?’, realizado el 1 de agosto, expertos de diversas organizaciones presentaron datos alarmantes sobre la expansión descontrolada de la minería de oro y sus impactos sociales y ambientales. Sidney Novoa, director de SIG & Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA), fue uno de los ponentes quien compartió datos recientes y estudios sobre el terreno.
Panorama general de la minería aurífera
Según los datos presentados, entre 2021 y 2024 se registró una deforestación total de 30,846 hectáreas debido a la minería aurífera en la Amazonía sur peruana. Un 26% de esta deforestación corresponde a probable minería ilegal, ocurriendo en áreas prohibidas fuera del Corredor Minero, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El informe señala que 36 comunidades indígenas en siete regiones amazónicas, incluidas áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, están afectadas por la minería. Estas regiones son Loreto, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Cusco, Puno y Madre de Dios. Además, Novoa destacó que se designaron 2 491 390 hectáreas como concesiones mineras en la Amazonía.
Uno de los puntos más críticos es el resurgimiento de la minería ilegal, en áreas previamente intervenidas. Se detectó un aumento del 900% en el número de dragas en zonas degradadas de La Pampa, pasando de 148 en 2021 a 1 331 en 2024. Este incremento también trajo un aumento estimado de trabajadores en la zona, de 592 en 2021 a 10 924 en 2024 según MAAP.
Cuerpos de agua y comunidades nativas
La minería aurífera, especialmente la ilegal, tuvo un impacto devastador en los cuerpos de agua de la Amazonía. Las dragas utilizadas en la extracción de oro liberan grandes cantidades de mercurio y otros contaminantes al agua, afectando la salud de las comunidades que dependen de estos ríos para su subsistencia. Solo en Loreto, el río Nanay fue uno de los más afectados, con más de 310 registros de dragas entre 2021 y 2024.
En Huánuco, se identificaron 558 hectáreas de áreas mineras, un aumento significativo desde las 273 hectáreas reportadas en 2023. El 98% de esta actividad se encuentra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y el 36% afecta directamente a las comunidades indígenas Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo.
En Ucayali, por primera vez, se detectó la presencia de dragas operando en la cuenca del río Aguaytía en la provincia de Padre Abad. Al menos 7 balsas mineras fueron identificadas, de las cuales 4 fueron destruidas en un operativo en junio de 2024.
Tecnología y monitoreo
El experto destacó que el uso de tecnologías avanzadas como el sistema RAMI (Radar Mining Monitoring) permiten un seguimiento continuo de la deforestación y de las actividades mineras en regiones como Madre de Dios. En 2024, el monitoreo se expandió a otras áreas críticas de la Amazonía, como Huánuco, Loreto y Amazonas, lo que permite identificar los picos de actividad minera y las zonas más afectadas.
El estudio reveló que la minería ilegal no solo está causando una deforestación masiva, sino que también está penetrando en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y territorios indígenas. Ello plantea desafíos para la conservación de la biodiversidad y la protección de los derechos indígenas. Conoce más sobre lo discutido en este conversatorio aquí.
