La aprobación en primera votación del Congreso para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026 ha encendido alertas en la sociedad civil y la academia. Este miércoles 17 de diciembre, la Comisión Permanente debatirá la segunda votación del proyecto, luego de que el Pleno aprobara el texto sustitutorio el pasado 4 de diciembre.
Diversos especialistas advierten que esta medida, lejos de ordenar el sector, podría fortalecer las redes criminales, incrementar los costos socioambientales y abrir la puerta a la infiltración de dinero ilícito en los próximos procesos electorales.
Durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), se expuso la gravedad de la situación ante la inminente segunda votación de la norma. Los expertos coincidieron en que el debate pendiente en el Congreso se presenta ahora como una encrucijada crítica: o se corrige el rumbo hacia un sistema normativo riguroso o se consolida un escenario catastrófico para la institucionalidad democrática y el medio ambiente.
La amenaza del financiamiento ilícito
Una de las advertencias más contundentes provino de Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, quien señaló el riesgo latente de que el capital proveniente de la minería ilegal financie la política nacional. Según Zevallos, la producción de oro ilegal genera anualmente alrededor de 4000 millones de dólares.
El especialista ilustró la magnitud de esta cifra explicando que dicho monto alcanzaría para financiar 1,460 campañas presidenciales, 31 mil campañas a gobiernos regionales y 35 mil para congresistas. Para Zevallos, basta con que se utilice el 1% de ese dinero para que represente una amenaza gigantesca para la democracia del país, permitiendo que economías oscuras capturen espacios de poder en los comicios venideros.
Retroceso legal y riesgo de impunidad
Desde la perspectiva legal y ambiental, César Ipenza explicó que esta nueva prórroga provoca que el Estado peruano persista en el incumplimiento de sus obligaciones ambientales, lo cual trae implicancias en fueros internacionales. Ipenza recordó que el Tribunal Constitucional, en un fallo de abril pasado, exhortó a los poderes del Estado a no establecer exenciones de responsabilidad penal bajo el paraguas de la formalización minera. Insistir en la aprobación de esta norma iría en contra de dicha disposición constitucional y debilitaría la lucha contra el crimen organizado.
Urgencia de una respuesta articulada
La respuesta ante este fenómeno requiere una articulación que hoy parece ausente. El exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, sostuvo que la solución no puede recaer únicamente en un ministerio o un destacamento policial, sino que exige un acuerdo conjunto entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo para definir políticas públicas y sanciones firmes que enfrenten el problema de manera integral.
En esa misma línea, Angela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que el Ministerio de Energía y Minas debe firmar convenios de cooperación con entidades técnicas como el OEFA y Osinergmin. Grosheim enfatizó que para promover una minería artesanal y pequeña minería formal se necesita un abordaje técnico y sostenible, no prórrogas ciegas que perpetúen la informalidad.
Impacto en poblaciones vulnerables
El impacto social de esta medida también es alarmante. Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, advirtió que las redes criminales asociadas a la minería ilegal exponen a niños y adolescentes a delitos conexos como la trata de personas, creando zonas de «no derecho» donde la violencia impera.
Por su parte, Julio Cusurichi, líder indígena y representante de Aidesep, rechazó categóricamente la ampliación del REINFO, calificándola como un retroceso que vulnera derechos fundamentales. Cusurichi exigió una respuesta firme del gobierno, subrayando que estas medidas ponen en mayor riesgo la vida de los defensores ambientales en la selva peruana, quienes ya enfrentan amenazas constantes por parte de invasores ilegales que operan bajo el manto de la informalidad.
