En un escenario marcado por la recesión económica y una crisis de gobernabilidad, el Perú se enfrenta a un peligroso repunte de la conflictividad social. El informe número 37 del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) revela que la insistencia del Poder Ejecutivo en reactivar proyectos detenidos por falta de licencia social, junto con una legislación permisiva promovida desde el Congreso, está creando un terreno fértil para nuevos estallidos sociales tanto en el sur como en el norte del país.
El análisis destaca que, lejos de buscar consensos democráticos, la gestión actual ha optado por una narrativa de imposición, presentando a la minería como la única tabla de salvación ante el estancamiento económico. Esta postura ha puesto en alerta máxima a diversas comunidades y organizaciones de base que ven amenazados sus territorios y recursos hídricos.
La obsesión por Tía María y el riesgo de un nuevo estallido
Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es el renovado y agresivo intento de imponer el proyecto Tía María en la provincia de Islay, Arequipa. A pesar de más de una década de oposición sostenida por parte de los agricultores del Valle de Tambo, el gobierno y el sector empresarial han vuelto a colocar este proyecto en la agenda prioritaria nacional.
Funcionarios de alto nivel han emitido declaraciones confrontacionales, asegurando que el proyecto se ejecutará independientemente de la oposición local. El reporte advierte que ignorar la falta de licencia social y las preocupaciones técnicas sobre el agua podría ser un error de cálculo fatal: forzar el inicio de operaciones tiene el potencial de desencadenar un conflicto de proporciones similares o mayores a las crisis vividas en años anteriores, rompiendo la frágil paz social de la región.
El descontrol de la minería ilegal y el fracaso del REINFO
Mientras el Estado concentra su capital político en imponer proyectos formales controversiales, la minería ilegal avanza sin freno, consolidándose como una de las mayores amenazas para la seguridad interna y el medio ambiente. El informe detalla cómo estas economías criminales han expandido su control territorial, generando espirales de violencia, sicariato y corrupción en zonas como Pataz (La Libertad) y diversas cuencas de la Amazonía.
Un factor determinante en esta expansión ha sido el manejo político del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Lejos de funcionar como una herramienta de ordenamiento, el REINFO se ha convertido en un mecanismo de impunidad que se prorroga indefinidamente. Esto permite que operadores ilegales continúen sus actividades al margen de la ley bajo el paraguas de una «formalización en proceso» que nunca concluye. El OCM alerta que el Congreso ha jugado un papel activo en este descontrol, promoviendo leyes que debilitan la fiscalización y favorecen directamente a estas economías ilícitas.
Las Bambas y la fragilidad de la tregua
En el corredor minero del sur, el caso de Las Bambas sigue siendo un termómetro de la conflictividad nacional. Aunque actualmente se percibe una tensa calma, el informe subraya que los problemas estructurales no se han resuelto. Las demandas de las comunidades sobre los impactos ambientales, el uso de tierras comunales y los compromisos incumplidos persisten latentes.
La estrategia gubernamental de declarar estados de emergencia de manera preventiva y criminalizar la protesta ha logrado contener temporalmente las movilizaciones masivas, pero no ha abordado las raíces del descontento. Se advierte que esta «paz armada» es insostenible a largo plazo y que cualquier incidente menor podría reactivar el bloqueo del corredor vial, afectando una de las operaciones de cobre más importantes del mundo.
Piura y la defensa de los páramos
Finalmente, el reporte pone el foco en la sierra de Piura, donde el fantasma del proyecto Río Blanco intenta resurgir a pesar del rechazo histórico y contundente de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. La preocupación central en esta zona es la protección de los páramos y bosques de neblina, ecosistemas que funcionan como esponjas naturales y son vitales para la provisión de agua en la región costera.
La insistencia en promover minería en cabeceras de cuenca, ignorando las consultas vecinales previas que rechazaron la actividad hace años, demuestra la desconexión entre las prioridades extractivistas del gobierno central y las visiones de desarrollo sostenible de los territorios locales.
Durante la presentación del informe participaron José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental; Mirtha Vásquez, abogada de Grufides y expresidenta del Consejo de Ministros; David Velazco director de Fedepaz.
