La crisis alimentaria en el Perú es una realidad ineludible que exige respuestas técnicas y alejadas del populismo. Como parte de la iniciativa Agenda 2026 —lanzada por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) en colaboración con su Escuela de Gestión Pública (EGP)— se han puesto sobre la mesa 15 propuestas de política pública basadas en evidencia para nutrir el debate electoral.
Uno de los aportes más urgentes de este encuentro es el estudio «Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad agraria, y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos», elaborado por la investigadora y directora del CIUP, Joanna Kámiche Zegarra.
Un diagnóstico preocupante
El estudio revela que las cifras de malnutrición en el país son alarmantes frente a los promedios regionales. Durante el periodo 2021-2023, el Perú registró un 20.3% de su población en situación de inseguridad alimentaria severa, superando significativamente a naciones vecinas como Colombia (5.3%) y Chile (3.7%).
Para enfrentar este escenario, el documento analiza la problemática a través de tres pilares fundamentales que actualmente presentan serias falencias en el país:
- Disponibilidad (La oferta agrícola): Existe una baja productividad agraria marcada por la falta de tecnología. Solo el 7.7% de los productores peruanos utilizan semillas certificadas, y apenas un 16.8% emplea sistemas de riego tecnificado como el goteo o la aspersión. Además, existe un rezago en el aprovechamiento de la biotecnología frente a otros países.
- Acceso (Programas sociales y economía): El análisis evidencia que los programas alimentarios del Estado carecen de una focalización adecuada. No existe una relación clara entre las regiones con mayor proporción de población en inseguridad alimentaria y el alcance efectivo de dichos programas gubernamentales.
- Uso (Condiciones de vida): Consumir alimentos nutritivos requiere infraestructura básica, algo de lo que carecen millones de peruanos. La falta de agua continua, electricidad y medios de conservación es crítica. Por ejemplo, en la sierra norte, apenas el 17.8% de los hogares cuenta con una refrigeradora, lo que dificulta mantener la calidad de los alimentos perecibles.
Propuestas concretas para un problema estructural
Frente a esta realidad multicausal, la propuesta de Kámiche Zegarra plantea mecanismos de acción directa que el próximo gobierno debería incorporar en su plan de desarrollo:
- Impulso a la productividad agraria: Se propone que el Estado asuma un rol activo en la promoción e incentivo del uso de semillas certificadas y sistemas de riego tecnificado. Aunque estas herramientas elevan los costos iniciales, sus mejoras en productividad justifican la intervención, para lo cual se sugiere el uso de donaciones o subsidios parciales temporales.
- Debate sobre biotecnología e investigación: El estudio insta a abrir la discusión sobre el uso de Organismos Vivos Modificados (OVMs) en el país. Si bien existe una moratoria hasta el año 2035, se recomienda fortalecer la investigación científica controlada e identificar algunos cultivos potenciales donde se pueda evaluar su ingreso, siempre resguardando celosamente la agrobiodiversidad nacional.
- Mejora en la focalización alimentaria: Se requiere afinar la mira de los programas sociales. El documento propone utilizar métricas más precisas, como la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), para que la ayuda llegue verdaderamente a las poblaciones en situación severa y moderada.
- Articulación multisectorial real: Finalmente, mejorar el pilar del «uso» de los alimentos no depende solo del sector agrícola o social. Se necesita un trabajo interinstitucional sólido donde ministerios como Vivienda (para agua y saneamiento) o Energía (electrificación) actúen en conjunto con el sector privado y la academia.
Invertir en reducir la inseguridad alimentaria no es un gasto, es una decisión estratégica. Como advierte la evidencia recogida en el estudio, destinar recursos a esta lucha puede generar beneficios económicos que representan entre el 2% y el 4% del PBI del país, justificando ampliamente el esfuerzo.
