La minería ilegal se mantiene como la principal actividad económica ilegal en el país, situación agravada por problemas de corrupción en las instituciones fiscalizadoras, según reveló el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, durante el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
«No podemos olvidar temas de corrupción que están instaurados en las distintas instancias, desde los que tienen que controlar o los que tienen que fiscalizar. Hemos tenido temas de corrupción tremendos y no podemos dejar de lado las medidas de transparencia y lucha contra la corrupción en la minería ilegal», señaló Ipenza.
Un informe elaborado para USAID titulado «Corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en la Amazonía peruana», en el cual participó Ipenza, se identificaron 11 riesgos de corrupción en la cadena de valor del oro que aplican para todo el país.
Proceso de formalización
El especialista cuestionó la posible ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que este proceso ha fracasado en sus objetivos. Además, criticó el manejo de información en el Congreso sobre este tema.
«El Congreso debe escuchar las voces de todos, no solamente de los que generan una actividad ilegal o informal. Hemos mandado opinión, por ejemplo, a la Comisión de Energía y Minas sobre los proyectos de ley del Reinfo y la ampliación del proceso de formalización y en ningún momento aparecen en su predictamen esas opiniones, pero sí aparecen las opiniones que le son favorables», manifestó.
Fiscalización
En relación con la nueva Ley MAPE, Ipenza señaló ausencias en el borrador presentado por el Ejecutivo, específicamente en lo referente al control de las plantas de beneficio donde se procesa el mineral.
El especialista enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad de fiscalización, específicamente en determinar la cantidad de material que se procesa en las plantas de beneficio y su procedencia. También destacó la importancia de brindar mayor apoyo a las Direcciones Regionales de Energía y Minas, que frecuentemente carecen de recursos e instrumentos necesarios para realizar sus labores de fiscalización.
