Un día como hoy, hace tres años, el mar peruano sufrió un cambio irreversible. Era 15 de enero de 2022, cuando en el océano se observó una extensión oscura, densa y ajena. El agua, que antes se mecía en tonos azulados, se opacó repentinamente, reflejando sobre ella una capa aceitosa que cubría gran parte de su superficie. Lo que era un día de verano se convirtió en una atmósfera pesada, densa e impregnada con un olor nauseabundo que se esparció por el aire. Las olas ahora arrastraban manchas negras hacia la orilla, llevando consigo a aves, pingüinos y otros animales marinos que no lograron escapar de un destino fatídico. Derrame de repsol
Este trágico evento se convirtió en el derrame de petróleo más grande registrado en el litoral peruano. Conocido como «Derrame de Repsol«, sucedió en el Terminal Multiboyas Nº 2, de la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., subsidiaria de Repsol, en Ventanilla. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 10 704 barriles de crudo se vertieron al mar. La respuesta de las autoridades fue lenta, centrada en buscar culpables, y la marea negra comenzó a expandirse rápidamente, afectando ecosistemas y todo tipo de vida marina. En minutos, el petróleo se expandió por 11 061 hectáreas de litoral, abarcando nuevos distritos como Santa Rosa, Ancón, Aucallama, Huacho y Chancay.
Un mar irreconocible
La marea negra no solo cubrió tierras y playas, sino que arrasó con dos áreas naturales protegidas de vital importancia: la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y la Zona Reservada de Ancón. El mar dejó de ser el santuario de vida marina que era antes del desastre. Pero el impacto no se limitó al ecosistema. Pescadores artesanales vieron cómo el mar, su principal medio de vida, se volvía cada vez más irreconocible. Las playas fueron cerradas mientras la fauna marina seguía arribando a la orilla. Los pescadores se vieron forzados a suspender sus actividades e improvisados planes de limpieza comenzaron a implementarse.
«Hoy se cumplen tres años del mayor desastre ambiental de la costa peruana: el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el terminal marítimo de La Pampilla, administrado por Repsol. Lamentablemente, tanto el Estado como el sector privado no han sido capaces de avanzar con la rehabilitación de los ecosistemas afectados y la justa compensación de las comunidades afectadas», señaló Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana a Inforegión.
A 3 años del derrame ¿Repsol limpió el desastre?
Según el informe “¿Repsol limpió el desastre? Situación actual y retos pendientes para la recuperación de la vida marina a tres años del derrame de petróleo”, elaborado por CooperAcción con el apoyo de Oxfam, la recuperación ambiental ha sido mucho más lenta de lo esperado. A pesar de los numerosos planes de rehabilitación y las sanciones impuestas a la empresa, los ecosistemas marinos siguen presentando niveles de contaminación alarmantes, lo que demuestra que, tres años después del desastre, la recuperación aún está lejos de ser una realidad tangible.
El derrame inicial, seguido de otro menor el 24 de enero, impactó un área equivalente a 3400 canchas de fútbol. Los hidrocarburos llegaron a distritos como Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, afectando severamente la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. Según datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), «71 de los 97 sitios monitoreados aún presentaban contaminación nueve meses después del incidente».
Aunque Repsol aseguró que el mar estaba limpio pocos meses después del derrame, las entidades técnicas del Estado, como el Sernanp y Sanipes, desmintieron estas afirmaciones. «El estado de conservación de las especies pasó de más del 90 % antes del derrame a menos del 4 % después del desastre», detalla el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
De acuerdo al informe, el 60% del crudo derramado sigue presente en el ecosistema, constituyendo una fuente continua de contaminación. Esta cifra, extraída de los propios informes de rehabilitación de Repsol, indica que solo el 40% del petróleo ha sido recuperado, mientras que el restante se encuentra en áreas que la empresa considera «inaccesibles» o bien se ha disuelto y dispersado en el agua y el fondo marino.
Planes de rehabilitación cuestionados
Esta mañana, Repsol emitió un comunicado con motivo del tercer aniversario del desastre, en el que afirma que «los planes de rehabilitación se entregaron en fecha y continúan en evaluación por la autoridad competente». Sin embargo, lo que omite mencionar la compañía es que, hasta la fecha, ha presentado un total de 18 planes de rehabilitación, todos los cuales han sido rechazados en su totalidad por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Las deficiencias incluyen omisiones críticas en el análisis de ecosistemas y la ausencia de información detallada sobre la fauna y flora afectadas. Según el Serfor «los planes no describen adecuadamente las zonas de anidación, reproducción ni refugios de las especies afectadas, lo que impide formular acciones efectivas de recuperación».
El informe también destaca que los análisis ecotoxicológicos son insuficientes y que las medidas propuestas se centran en el monitoreo a corto plazo, ignorando las necesidades de restauración a largo plazo. «Para cualquier especie, es probable que la recuperación de una gran mortalidad lleve varios años, a menos que las condiciones ambientales sean ideales», advierte el Sernanp, que plantea monitoreos de hasta 23 años.
Impacto social y económico
El derrame también golpeó la economía de miles de pescadores y comerciantes costeros. Según el informe, «las indemnizaciones han sido insuficientes y las negociaciones con las asociaciones de pescadores fueron muy asimétricas». A tres años del desastre, muchas familias aún enfrentan desempleo o ingresos reducidos, lo que ha generado un profundo descontento en las comunidades afectadas.
Sanipes alertó sobre la seguridad alimentaria, señalando que «Refinería La Pampilla SAA no incluyó en el Plan de Rehabilitación la ingesta de recursos hidrobiológicos como una vía de exposición ni evaluó los riesgos asociados al consumo humano». Esto ha generado desconfianza en los mercados hacia los productos marinos de las zonas afectadas, agravando la crisis económica local.
Multas sin impacto significativo
De los 22 procesos administrativos abiertos contra Repsol, 14 han concluido con sanciones que suman más de S/ 266 millones. Sin embargo, estas multas no han logrado impulsar cambios significativos en las acciones de la empresa. «La falta de una adecuada reparación civil y las omisiones en los planes de rehabilitación evidencian la falta de voluntad de la empresa para asumir plenamente su responsabilidad», resalta el informe.
Ecosistemas en riesgo
El impacto del derrame en los ecosistemas marinos es profundo y prolongado. Los planes de rehabilitación presentados por Repsol minimizan los daños al no incluir análisis detallados de las especies afectadas ni de los procesos de bioacumulación de contaminantes. Según Sanipes, «los efectos tóxicos de los hidrocarburos dependen de la concentración de los componentes aromáticos (HAP) y de la duración de la exposición, lo que requiere acciones urgentes para reducir su impacto en la cadena trófica».
Además, la presencia de metales pesados como plomo y cadmio representa un riesgo no solo para la vida marina, sino también para la salud humana. «Los contaminantes podrían liberarse al ambiente cuando ocurran cambios drásticos en las condiciones de los sedimentos», advierte OEFA.
Recomendaciones urgentes
El informe plantea una serie de medidas para garantizar una recuperación efectiva del ecosistema marino. Entre ellas, destacan:
- Implementar planes de rehabilitación integrales que incluyan acciones específicas para la restauración de hábitats y especies afectadas.
- Realizar monitoreos prolongados de hasta 23 años para evaluar la recuperación de la biodiversidad.
- Reforzar la supervisión estatal y exigir mayor transparencia en la ejecución de los planes por parte de Repsol.
- Garantizar la participación activa de las comunidades afectadas en el diseño y evaluación de las acciones de rehabilitación.
A tres años del desastre, el panorama es desalentador. La lenta recuperación del mar, las deficiencias en los planes de rehabilitación y la falta de una reparación adecuada para las comunidades afectadas muestran la necesidad de una gestión ambiental más rigurosa y responsable.
«El Estado peruano debe calcular cuánto cuesta la pérdida de los activos ambientales y económicos, y exigir a Repsol acciones concretas para reparar el daño causado», concluye el informe. Sin un cambio radical en las políticas de rehabilitación y supervisión, los impactos de este desastre ambiental podrían ser permanentes y la historia no puede volver a repetirse.
