A pocos meses de un nuevo proceso electoral, el Perú enfrenta una de las etapas más críticas en materia de inseguridad ciudadana. La expansión de economías criminales como la trata de personas, la explotación sexual, la minería ilegal y la extorsión continúa agravando la violencia, con un impacto desproporcionado en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pese a este escenario, las propuestas presidenciales muestran serias debilidades para enfrentar estas problemáticas de forma integral.
Un análisis realizado por CHS Alternativo sobre los planes de gobierno de las principales agrupaciones políticas revela que las respuestas frente a la violencia y la trata carecen de claridad, financiamiento y articulación. Al contrastar estas propuestas con la Ley N.° 32513, correspondiente al Presupuesto del Sector Público 2026, se evidenció una amplia brecha entre lo que se promete en campaña y la capacidad real del Estado para ejecutar dichas medidas.
Violencia en aumento y víctimas fuera del centro
Las cifras oficiales confirman que la violencia no se ha detenido. En el último año, los casos registrados aumentaron de 168,492 en 2024 a 169,528 en 2025, según el Programa Warmi Ñam y los Centros de Emergencia Mujer y Familia. De las víctimas identificadas en 2025, el 84 % fueron mujeres y el 37.9 % niñas, niños y adolescentes. En el caso de la trata de personas, el Ministerio Público reportó 2,809 presuntas víctimas en 2024 y 1,229 solo hasta junio de 2025, nuevamente con una alta incidencia en población femenina y menor de edad.
Pese a esta evidencia, el análisis señala que la mayoría de los planes de gobierno prioriza estrategias de control y persecución del delito, dejando de lado políticas concretas de protección, restitución de derechos y reintegración social de las personas sobrevivientes, tal como establece la Política Nacional frente a la Trata de Personas. La ausencia de un enfoque centrado en la víctima es una constante en las propuestas evaluadas.
El análisis revela que los planes de gobierno priorizan el control del delito, pero dejan de lado políticas concretas de protección, restitución de derechos y atención integral a las víctimas de violencia y trata de personas. (Foto: Difusión)
Riesgos digitales y presupuestos insuficientes
El riesgo se incrementa en el entorno digital, donde la violencia y la explotación avanzan con rapidez. Una encuesta de CHS Alternativo revela que 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han interactuado con desconocidos por Internet; el 21 % recibió solicitudes de imágenes o videos sexuales y el 39 % enfrentó estas situaciones en silencio. Aun así, la protección frente a la explotación sexual en línea no figura como una prioridad concreta en la mayoría de los planes de gobierno, advirtió Ricardo Valdés, director ejecutivo de la organización.
En el ámbito presupuestal, la desconexión es igualmente evidente. Aunque para 2026 se asignaron más de S/ 6,800 millones al programa de reducción de delitos, la mayor parte del gasto se destina a sueldos y gastos corrientes, y no a reformas estructurales como infraestructura penitenciaria o el fortalecimiento de servicios especializados. En las regiones, los recursos para la atención de víctimas de violencia y trata apenas alcanzan entre S/ 100,000 y S/ 200,000 anuales, montos considerados insuficientes para garantizar servicios continuos y de calidad.
“No basta con reconocer que la violencia y la trata están creciendo. Si las víctimas no están en el centro de las políticas y no se asignan recursos reales para su protección y recuperación, las propuestas se quedan en discursos”, sostuvo Valdés, quien remarcó la necesidad de políticas públicas integrales y una coordinación efectiva entre sectores y niveles de gobierno.
En este contexto, CHS Alternativo, con el apoyo del Instituto Bicentenario, impulsa la campaña “Mirada Ciudadana: tu voto cuenta, tu voz protege contra la explotación”, que se desarrolla en Cusco y Loreto. La iniciativa busca promover una ciudadanía informada y vigilante durante el proceso electoral, invitando a evaluar críticamente las propuestas de los candidatos y exigir respuestas claras sobre cómo y con qué recursos enfrentarán la violencia y la trata de personas.
