A más de una década del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya–Saweto, un nuevo recurso legal ha encendido las alertas en torno al caso. Se trata de una demanda de habeas corpus que busca anular las sentencias dictadas contra los responsables, quienes fueron condenados a más de 28 años de prisión por este crimen ocurrido en 2014 en Ucayali.
La acción fue presentada ante el 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo por la conviviente de uno de los sentenciados, solicitando la nulidad de las resoluciones judiciales, un nuevo juicio oral y el levantamiento de las órdenes de captura. El argumento central es una presunta vulneración al debido proceso y a la libertad personal.
Riesgo de retroceso en la búsqueda de justicia
Especialistas y defensores legales de las familias advierten que este recurso podría revertir los avances logrados tras más de 11 años de lucha. De ser admitido, implicaría la anulación de las órdenes de captura, la eliminación de la reparación civil fijada en 400 mil soles y el reinicio del proceso judicial desde su etapa inicial.
Desde la defensa de las víctimas, se sostiene que el proceso cumplió con todas las garantías legales. Además, subrayan que existen recursos pendientes en la Corte Suprema, como la casación, lo que impediría la procedencia del habeas corpus. También cuestionan que no se evidencie una afectación directa a la libertad personal de los sentenciados.
Organizaciones indígenas alertan sobre posible impunidad
El caso Saweto recuerda el asesinato de los líderes Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, quienes fueron ultimados por defender su territorio frente a la tala ilegal. Tras años de exigencias, las sentencias fueron emitidas en 2024 y ratificadas en 2025.
Actualmente, los condenados continúan prófugos y figuran en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Frente a este nuevo intento legal, organizaciones como AIDESEP y ORAU han pedido al Poder Judicial actuar con rigor para evitar que se utilicen mecanismos constitucionales que favorezcan la impunidad en casos de violencia contra defensores indígenas.
