La trata de personas continúa avanzando en el Perú en medio de un escenario de impunidad, debilidad institucional y escasos recursos públicos para enfrentar este delito. Esa es una de las principales conclusiones del X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, presentado por CHS Alternativo, que examina la respuesta estatal en los últimos años.
Uno de los datos más críticos del estudio es el bajo nivel de sanción judicial. Según el informe, entre 2023 y 2025 solo 2 de cada 100 denuncias por trata de personas terminaron en sentencia condenatoria, un resultado que, de acuerdo con la organización, refleja serias limitaciones para investigar y castigar a las redes criminales que operan en el país.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, vinculó esta situación con la inestabilidad política registrada en los últimos años. “Desde 2021, el Perú ha tenido 5 presidentes y 17 ministros del Interior, una rotación que sin duda impacta en la capacidad del Estado para sostener políticas públicas de largo plazo frente a delitos complejos como la trata de personas”, remarcó.
Presupuesto mínimo
El informe también pone el foco en la brecha entre las necesidades de financiamiento y los recursos realmente asignados. CHS Alternativo había estimado en 2023 que se requerían al menos S/ 1,159 millones para implementar adecuadamente la política nacional contra la trata, pero el Estado solo ha destinado cerca del 1% de ese monto. El presupuesto específico para combatir este delito apenas supera los S/ 11 millones, equivalente a menos del 0.005% del presupuesto nacional.
Para la organización, esta falta de recursos tiene consecuencias directas en la atención de las víctimas. “Esta situación tiene efectos directos en la protección de las víctimas. El informe ha encontrado que, de los 17 servicios previstos en la política pública para la atención y reintegración, solo 4 recibieron asignación presupuestal, lo que reduce la disponibilidad de servicios especializados. A ello se suma la escasez de albergues y centros de acogida residencial para atender de manera diferenciada a mujeres, hombres y personas LGTBIQ+”, puntualizó Valdés.
A ello se suma la falta de integración entre los registros oficiales, un problema que impide conocer con claridad la dimensión real del delito. El documento señala que mientras la Fiscalía Especializadas en delitos contra la Trata de Personas (FISTRAP) registró 2,692 víctimas en 2025, el Ministerio del Interior reportó solo 384 casos en el mismo periodo, una diferencia que expone fallas en la interoperabilidad de la información estatal.
El riesgo crece también en internet
El informe advierte además que la explotación no solo se mantiene en los circuitos tradicionales, sino que se expande con fuerza en el entorno digital. El ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo encontró que solo en 2024 alrededor de 700 mil niñas, niños y adolescentes enfrentaron riesgos sexuales en internet, mientras se detectaron 1.6 millones de archivos vinculados a pornografía infantil.
Frente a este panorama, la organización plantea reforzar la respuesta estatal mediante una mayor asignación presupuestal, la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N° 30925 —pendiente desde hace seis años— y mecanismos más sólidos de seguimiento y rendición de cuentas. “El país enfrenta una situación compleja en materia de criminalidad organizada y trata de personas. El informe muestra que existen esfuerzos importantes, pero también brechas que deben atenderse con urgencia. El desafío es consolidar una respuesta integral del Estado que permita prevenir el delito, proteger efectivamente a las víctimas y reducir la impunidad”, afirmó Valdés.
