El Poder Judicial condenó a 13 años y 4 meses de prisión efectiva a tres directivos de la asociación “Jah Yireh” tras ser hallados responsables de la deforestación de más de seis hectáreas de bosque en el distrito de José Crespo y Castillo, en Aucayacu, provincia de Leoncio Prado. El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Leoncio Prado.
Los sentenciados fueron identificados como Solange Salas, Betty Herrera y Jhon Alarcón, quienes fueron declarados culpables del delito contra los recursos naturales en la modalidad de bosques con agravantes. La investigación fue conducida por el fiscal adjunto provincial Orlando Erick Tarazona Morales, quien sustentó ante el tribunal la responsabilidad de los implicados en la afectación de áreas forestales.
La sentencia también establece el pago de S/ 85,739.55 por concepto de reparación civil, monto que deberá ser destinado a compensar el daño ambiental generado en la zona intervenida.
Inspecciones y peritajes ambientales
Durante la investigación, el Ministerio Público realizó diversas diligencias de inspección en el distrito de José Crespo y Castillo, donde se constató la intervención de áreas de vegetación. Estas acciones incluyeron verificaciones en campo y la recopilación de información técnica para determinar la magnitud del daño ambiental.
El proceso contó con el apoyo del Equipo Forense en Materia Ambiental (EFOMA) y especialistas en peritajes ambientales. Entre los principales elementos probatorios presentados en el juicio se incluyó el análisis de imágenes satelitales, que permitió confirmar la deforestación de aproximadamente 6.4 hectáreas de bosque primario y secundario.
De acuerdo con la tesis fiscal, en la zona intervenida se habrían utilizado motosierras y maquinaria pesada para retirar la cobertura vegetal.
Decisión judicial
Según el Ministerio Público, los directivos de la asociación promovieron la ocupación y afectación del área boscosa pese a las disposiciones legales que protegen estos espacios. Estos hechos fueron considerados por el Poder Judicial al emitir la sentencia.
La decisión constituye una acción judicial frente a los delitos ambientales en la provincia de Leoncio Prado, donde diversas entidades han advertido sobre el avance de la deforestación.
El Ministerio Público señaló que continuará realizando labores de vigilancia e investigación para la protección de los recursos naturales en la región.
