Cada año, el Perú pierde alrededor de 150 mil hectáreas de bosque amazónico. En términos más fáciles de imaginar, es como si más de 200 mil canchas de fútbol de bosque desaparecieran anualmente. La expansión agrícola, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras empujan esta pérdida en un territorio donde la presencia del Estado sigue siendo limitada.
En medio de este escenario crítico, y mientras el país se prepara para elegir a sus nuevas autoridades en las elecciones de 2026-2031, surge la pregunta: ¿qué lugar ocupa realmente la Amazonía en las propuestas políticas? Para acercarnos a una respuesta revisamos cinco planes de gobierno de los candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según la últimas encuestas. Si algo comparten varias de estas propuestas es que el tema «Amazonía» aparece de forma breve, dispersa o en forma de promesas generales, con pocas estrategias específicas para enfrentar la crisis que atraviesa el bosque y que, al final, nos afecta a todos, incluso a quienes toman decisiones desde lejos del territorio amazónico.
Este informe revisa los planes de gobierno de Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), País para Todos (Carlos Álvarez), Ahora Nación (Alfonso López-Chau) y Alianza para el Progreso (César Acuña). El análisis revisa propuestas vinculadas a deforestación, reforestación, gobernanza del bosque, conectividad amazónica como carreteras, hidrovías o trenes y actividades extractivas vinculadas al territorio. Es importante precisar que otros temas centrales, como pueblos indígenas o minería ilegal, serán abordados en informes posteriores para examinar con mayor profundidad cada dimensión del debate político.
Asimismo, para contrastar las propuestas de los cinco partidos, el análisis incorpora también las miradas de Marc Dourojeanni, uno de los especialistas más reconocidos en conservación amazónica, y Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa y presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha). Ambos coinciden en un diagnóstico general preocupante. La Amazonía sigue hoy siendo vista en la política peruana como una frontera económica por explotar antes que como un ecosistema complejo que requiere planificación, gobernanza y, sobretodo, respeto por los pueblos que la habitan.
Metas ambientales ¿en el papel?
Al revisar los planes de gobierno, llaman la atención las metas porcentuales que varios partidos plantean sobre deforestación y restauración, pero sin explicar cómo se lograrían.
El plan de País para Todos plantea una “reducción de la deforestación de al menos 20 % respecto a la línea base de 2025”. Sin embargo, la propuesta aparece sin mayor desarrollo técnico ni instrumentos claros que permitan entender de qué manera se alcanzaría esa reducción. Esta es, además, la única meta vinculada a bosques dentro del plan del partido que representa Carlos Álvarez. No se plantean objetivos de reforestación o restauración, ni otras medidas relacionadas con la recuperación de los ecosistemas forestales.
Por su parte, Ahora Nación propone reducir la tasa anual de deforestación en 40 % y restaurar 150 mil hectáreas de bosque. Dentro de los objetivos, el plan también plantea evitar el cambio de uso del suelo provocado por la expansión agrícola no planificada, es decir, impedir que nuevas áreas de bosque sean taladas para abrir cultivos o pastos sin planificación ni control. Además, es el único que menciona el uso de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) como una herramienta para financiar acciones de conservación y recuperación de los bosques.
En el caso de Fuerza Popular, el plan de gobierno promete “reducir en 50 % la deforestación ilegal en la Amazonía”. El documento señala que esta meta se alcanzaría mediante la titulación de comunidades, el fortalecimiento de la vigilancia forestal y la promoción de proyectos productivos sostenibles. También propone crear un Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal, ampliar el uso de monitoreo satelital y drones para detectar actividades ilícitas y establecer un Fondo Verde Amazónico destinado a financiar alternativas económicas compatibles con la conservación del bosque.
No obstante, estas “promesas verdes” del partido que representa Keiko Fujimori contrastan con decisiones que la propia bancada ha tomado en los últimos años. Un ejercicio de memoria nos recuerda que Fuerza Popular fue uno de los partidos que votó a favor de la llamada “Ley Antiforestal”. Esta ley permite hoy legalizar cultivos instalados en zonas donde antes hubo bosque, incluso si ese bosque fue talado sin permiso. En la práctica, significa que quienes deforestaron primero pueden terminar regularizando esas tierras después.
Expertos y organizaciones ambientales han descrito a esta ley como un mecanismo de impunidad, destrucción y vulneración de derechos humanos.
Por otro lado, Renovación Popular, del candidato Rafael López Aliaga, partido que también apoyo la «Ley Antiforestal», no plantea ninguna meta específica de reducción de la deforestación. De hecho, la palabra aparece apenas una vez en todo el documento. En su lugar, el plan propone acciones con el uso de las F.F.A.A. como la «reforestación de 500 mil hectáreas en forma anual hasta llegar a los 2 millones con el apoyo de reservistas” y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la tala ilegal.
El caso de Alianza para el Progreso, de César Acuña, muestra un enfoque distinto donde la Amazonía aparece principalmente dentro de un eje territorial y económico. No hay metas de reforestación o planes contra la deforestación. La principal propuesta para esta región se articula bajo el nombre “Selva Productiva”, un proyecto que, según el plan, busca convertir la Amazonía en “un motor de bioeconomía, competitividad y sostenibilidad”, a partir de iniciativas vinculadas principalmente a infraestructura y desarrollo productivo.
En otras palabras, el plan pone el énfasis en impulsar actividades económicas y obras de infraestructura en la región, más que en detallar cómo se protegerán los bosques o se enfrentará la pérdida de cobertura forestal.
Promesas ambientales sin estrategia territorial
Para analizar con mayor profundidad estas propuestas conversamos con el ingeniero agrónomo y forestal, con décadas de trabajo en la Amazonía, Marc Dourojeanni. A su juicio, este tipo de metas carece de sustento si no están acompañadas de decisiones territoriales concretas. Los planes revisados, señala, no definen con claridad qué zonas del bosque se conservarán y cuáles podrían destinarse a actividades productivas, ni explican cómo se enfrentará el problema de la ocupación ilegal de tierras.
“No establecen una frontera entre el bosque que se va a conservar y el área que será destinada a agricultura. Tampoco dicen nada sobre la titulación de los invasores”, advierte.
Dourojeanni señala que una estrategia viable podría partir de reconocer la situación actual de muchas áreas ya deforestadas y ordenar su uso, mientras se garantiza la protección del bosque que aún permanece en pie. En sus palabras, se trataría de regularizar la tenencia en zonas ya degradadas, al mismo tiempo que se establecen garantías para que una parte importante del bosque remanente sea preservada de forma permanente.
Según el especialista, sin ese tipo de definiciones, que combinen ordenamiento territorial, seguridad jurídica y conservación, cualquier meta porcentual para reducir la deforestación corre el riesgo de quedarse solo en una promesa sobre el papel.
Más carreteras y nuevos lotes petroleros
Otro elemento a analizar en los planes de gobierno es la expansión de infraestructura o carreteras en la Amazonía. Renovación Popular propone ampliar la Red Vial Nacional. Alianza para el Progreso propone impulsar el Corredor Amazonas Norte Perú–Brasil, que conectaría puertos como Chancay y Paita con Yurimaguas y Manaos. Fuerza Popular también apuesta por una mayor conectividad amazónica mediante hidrovías, carreteras y trenes, incluyendo corredores que conectarían Paita con Manaos y el eje Acre-Pucallpa-Lima.
Para Dourojeanni, el problema es que estas propuestas suelen presentarse sin criterios de ordenamiento territorial ni salvaguardas ambientales claras. Antes que abrir nuevas vías en bosques primarios, la prioridad debería centrarse en mejorar la conectividad en territorios ya intervenidos.
“Lo que debería hacerse es mejorar el sistema vial en las áreas ya antropizadas o deforestadas, donde viven agricultores que necesitan acceso a mercados y servicios. Pero no construir más carreteras atravesando bosques naturales”, advierte.
Es importante resaltar también que la experiencia histórica en la Amazonía nos muestra que, cuando se abren carreteras en zonas de bosque primario sin planificación ni control estatal, suelen desencadenarse procesos de colonización desordenada, expansión agrícola, tala ilegal y tráfico de tierras. Estos impactos han sido denunciados durante años por pueblos indígenas y organizaciones locales, quienes advierten sobre los efectos de una infraestructura mal planificada en sus territorios.
La visión extractiva también aparece en los apartados energéticos de los planes. Fuerza Popular propone fomentar la exploración y explotación de nuevos lotes petroleros y APP habla de un «apoyo decidido al nuevo boom petrolero”. El partido de Acuña también plantea «la extinción de Perupetro», mientras Renovación Popular busca la venta o liquidación de Petroperú, lo que podría reconfigurar el papel del Estado en el sector.
«Los proyectos priorizan el extractivismo, no a las comunidades»
Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa de la región San Martín, nos comenta que el problema de fondo es que muchas de estas y otras propuestas sobre la Amazonía continúan elaborándose sin escuchar a quienes viven y cuidan el territorio.
Según explica, la preocupación en las comunidades también está marcada por la inestabilidad política y por una agenda legislativa que, a su juicio, favorece cada vez más actividades extractivas en la región. “Nos preocupa la inestabilidad política del país, pero también que cada vez más proyectos de ley estén enfocados en impulsar el extractivismo en la cuenca amazónica. Los gobiernos están tratando de sobreexplotar la Amazonía sin reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas que viven allí. Un ejemplo claro es la falta de titulación de nuestros territorios”, señala.
La dirigente añade que el discurso de desarrollo suele centrarse en grandes proyectos de infraestructura o explotación de recursos, mientras las necesidades básicas de las comunidades continúan relegadas.
“Se habla de construir carreteras, ferrocarriles y grandes proyectos, pero no pensando en nosotros, sino en conectar los mercados del extractivismo”, afirma.
Asimismo, resalta uno de los vacíos más evidentes en los planes de gobierno: la consulta previa. Una revisión rápida de los documentos nos muestra que ninguno de los cinco planes analizados menciona este mecanismo, pese a tratarse de un derecho reconocido para los pueblos indígenas frente a decisiones o proyectos que puedan afectar sus territorios. La lideresa también advierte sobre otro tema ausente en las cinco propuestas: la situación de los defensores ambientales, muchos de ellos líderes indígenas que enfrentan amenazas y violencia por proteger el bosque.
No hay que olvidar que en 10 años, 35 defensores ambientales peruanos han sido asesinados por defender su territorio del crimen organizado.
“No hay financiamiento ni apoyo para los defensores que están siendo criminalizados o asesinados por proteger el bosque”, subraya Marisol.
Reformas institucionales
En el plano institucional, dos planes mencionan reformas al sistema ambiental, aunque sin explicar con claridad las razones, alcances o mecanismos que justificarían esos cambios. Renovación Popular propone reformar y “dinamizar” entidades como el OEFA, encargado de supervisar y sancionar el cumplimiento de las normas ambientales, y el SERFOR, responsable de la gestión de los bosques y la fauna silvestre. El plan, sin embargo, no detalla qué tipo de cambios se aplicarían ni cómo se fortalecerían estas instituciones.
Alianza para el Progreso, en cambio, plantea una transformación más profunda con una “reingeniería del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”. Según el documento, el SENACE, la entidad que evalúa los estudios de impacto ambiental de grandes proyectos, absorbería instituciones como la ANA, que administra los recursos hídricos; el SERFOR, encargado de los bosques; y el SERNANP, que gestiona las áreas naturales protegidas. La propuesta implicaría concentrar varias funciones ambientales en una sola entidad, lo que podría reducir la especialización técnica con la que actualmente operan estas instituciones.
¿Un futuro verde o un bosque en retroceso?
En líneas generales, la Amazonía es, una vez más, un tema secundario en la política peruana. Los documentos hablan de metas, carreteras, inversión y proyectos, pero pocas veces explican con claridad cómo se protegerán los bosques. Mientras hay mayor detalle en las propuestas económicas o extractivas, persisten ausencias notables sobre los derechos y las realidades de las comunidades que habitan estos territorios y que conviven con las decisiones que se toman sobre ellos.
Para Marisol García Apagüeño, esa distancia entre discurso político y realidad se siente todos los días en las comunidades amazónicas. La lideresa indígena lo resume así:
«En la Amazonía seguimos sin agua, sin luz, con escuelas que se caen. Pero de nuestros territorios salen el petróleo, el gas y el oro. ¿A dónde va toda esa plata? Mientras tanto, los congresistas se aumentan los sueldos y los presidentes también».
