La concesión para conservación Monte Verde, ubicada en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, región Huánuco, se encuentra en el centro de una controversia administrativa tras una serie de resoluciones emitidas por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco (DRA). La Asociación de Protección de Bosques Tropicales Monte Verde cuestiona la legalidad del proceso que derivó en la anulación de la concesión, alegando presuntas irregularidades administrativas.
La concesión fue otorgada el 12 de junio de 2025 por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado (ATFFS-LP), mediante Resolución Administrativa N.° 123-2025, y formalizada el 4 de julio del mismo año con la suscripción de un contrato por 40 años renovables. El área concedida comprende 3 139,43 hectáreas destinadas exclusivamente a la conservación de ecosistemas forestales.
De acuerdo con la documentación presentada, el procedimiento se habría desarrollado conforme a los lineamientos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), incluyendo la obligación de elaborar un Plan de Manejo Forestal dentro de un plazo de 90 días. La asociación sostiene que cumplió con todos los requisitos exigidos para acceder a la concesión.
Oposiciones y suspensión administrativa
Durante el inicio de los trabajos técnicos para la elaboración del plan de manejo, personal de la concesión y profesionales contratados habrían sido impedidos de ingresar al área por terceros ajenos al contrato. Esta situación, según la asociación, afectó el cumplimiento de algunas obligaciones operativas y generó un escenario de conflicto en la zona.
Posteriormente, pobladores y algunas autoridades locales presentaron oposiciones al otorgamiento de la concesión, alegando presuntos usos agrarios y ganaderos previos. Sin embargo, según Monte Verde, dichas oposiciones se habrían presentado fuera del plazo legal y sin acreditar derechos preexistentes, requisito establecido en la normativa forestal vigente.
Fotografía que evidencia la entrega de la resolución. (Foto: Cortesía)
El 25 de septiembre de 2025, la DRA emitió una resolución que dispuso la suspensión temporal de las actividades de la concesión por 120 días, señalando que se trataba de una medida provisional orientada a reducir tensiones sociales. La asociación decidió no suscribir dicha resolución al considerar que carecía de sustento técnico y jurídico.
Proceso de nulidad y cuestionamientos legales
Días después, el 30 de septiembre de 2025, la DRA emitió dos resoluciones consecutivas: una que dejaba sin efecto la suspensión temporal y otra que iniciaba el procedimiento de nulidad de la concesión. La asociación cuestiona estos actos administrativos al señalar que no contarían con informes legales debidamente consignados en sus fundamentos.
El proceso concluyó el 24 de octubre de 2025 con la emisión de una resolución directoral que declaró la nulidad de la concesión. Según Monte Verde, en dicho documento no se habría probado que el acto administrativo original incurriera en alguna infracción penal, mientras que la nulidad se habría sustentado en causales que consideran inexistentes.
La asociación afirma que informes técnicos internos de la propia ATFFS-LP concluyen que el procedimiento de otorgamiento se realizó conforme al marco normativo. Asimismo, señalan que no se habría efectuado una inspección técnico-administrativa in situ que permitiera contrastar objetivamente los argumentos presentados por los opositores.
Desde la perspectiva de la organización, la anulación de la concesión genera un riesgo ambiental al dejar un área de bosque sin un esquema formal de protección, lo que podría exponerla a presuntas invasiones, tala ilegal y degradación de hábitats naturales. Este escenario, indican, afectaría la flora, fauna y recursos hídricos de la zona.
Desde la perspectiva de la organización, la anulación de la concesión genera un riesgo ambiental al dejar un área de bosque sin un esquema formal de protección. (Foto: Cortesía)
Representantes de la asociación también han señalado que existirían presuntos intereses políticos locales vinculados a la oposición a la concesión, versión que será materia de investigación en las instancias correspondientes. En ese sentido, han informado que han iniciado acciones legales para que se determinen responsabilidades administrativas y penales, de ser el caso.
