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Sociedad

Socios de la cooperativa Naranjillo logran avances judiciales en caso por presunto fraude

El Poder Judicial y la Fiscalía reconocieron a los agricultores como actores civiles y afectados directos por presuntas irregularidades durante la administración concursal. Tras siete años de denuncias, el proceso avanza hacia una etapa clave que abre la posibilidad de recuperar la planta industrial y los bienes de la emblemática cooperativa de cacao y café.
La investigación fiscal señala a Sonia Malena Alva, exadministradora concursal, como autora, y a Martín Mayandía Burns, entonces presidente de la junta de acreedores, como coautor, de presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita y otros ilícitos conexos. (Foto: Difusión)

Tras siete años de persistente lucha legal, los agricultores socios de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COOPAIN) se acercan a recuperar el patrimonio de una de las organizaciones más emblemáticas de la Amazonía peruana. La cooperativa agrupa a más de cinco mil productores de cacao y café en Huánuco, San Martín y Ucayali.

Francisco Enríquez Rodríguez, actor civil en el proceso, detalló que el Poder Judicial y el Ministerio Público han emitido pronunciamientos favorables que reconocen a los socios como actores civiles y afectados directos en un presunto fraude administrativo durante la administración concursal de la cooperativa.

El colapso financiero de COOPAIN se originó por una deuda considerada impagable y una gestión deficiente. Tras ello, la cooperativa quedó bajo una administración que, según el Ministerio Público, incurrió en graves irregularidades. Dos denuncias presentadas en 2019 fueron archivadas, mientras que una tercera, formulada a inicios de 2023, ha registrado avances sustanciales.

La investigación fiscal señala a Sonia Malena Alva, exadministradora concursal, como autora, y a Martín Mayandía Burns, entonces presidente de la junta de acreedores, como coautor, de presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita y otros ilícitos conexos. Estas imputaciones se sustentan en documentación oficial y resoluciones judiciales.

Entre los hitos recientes destacan la resolución favorable de una tutela de derechos, el reconocimiento de los socios como actores civiles, el rechazo de intentos de anular la investigación preliminar y el avance hacia la acusación fiscal que será elevada al Poder Judicial.

Las pérdidas estimadas por los socios superarían los 30 millones de soles, incluyendo un presunto financiamiento de 9,5 millones de euros desde Luxemburgo, sin registro de ingreso a las cuentas de la cooperativa. (Foto: Difusión)

Presuntas irregularidades y millonarias pérdidas

Uno de los puntos más sensibles es la presunta creación de una empresa paralela. Días después de asumir la administración concursal, se constituyó Naranjillo Agroindustria Sostenible S.A.C., con un capital de apenas mil soles, integrada por los mismos funcionarios que administraban la cooperativa.

Posteriormente, la empresa habría adquirido mediante autoventa la planta de procesamiento de cacao y la nave industrial de Naranjillo por más de 21 millones de soles. Más adelante, la razón social cambió a Kulkao S.A., manteniendo a los mismos socios y presuntos testaferros.

La Fiscalía cuenta con registros públicos, facturas, documentos societarios y peritajes contables que evidencian posibles irregularidades. Sin embargo, la negativa de los investigados a entregar los libros contables de los últimos siete años retrasó la investigación, lo que fue considerado como obstrucción a la justicia.

Las pérdidas estimadas por los socios superarían los 30 millones de soles, incluyendo un presunto financiamiento de 9,5 millones de euros desde Luxemburgo, sin registro de ingreso a las cuentas de la cooperativa, así como deudas impagas con Agrobanco que ascienden a más de 4,4 millones de soles.

Pese a estos desafíos, los productores mantienen expectativa y cautela. Enríquez destacó: “Después de siete años, empezamos a ver la luz”. Hizo un llamado a la calma y la unidad entre los socios, asegurando que cuentan con documentos, resoluciones y el respaldo de la Fiscalía. El próximo paso será la etapa judicial, donde se evaluarán las pruebas, se determinarán responsabilidades y se definirá el futuro de la cooperativa.