La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó sus acciones contra el transporte informal durante el estado de emergencia iniciado el 22 de octubre del año pasado. En los primeros 90 días de esta medida, la entidad destruyó 110 vehículos que operaban sin autorización y no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.
Estas unidades formaban parte de un total de 163 vehículos declarados en abandono durante ese periodo. Según informó la ATU, en las próximas semanas se completará el proceso con el chatarreo de otras 53 unidades, con lo cual se cerrará este primer lote de intervenciones.
La declaración de abandono es el resultado de operativos de fiscalización permanente y de un proceso de verificación documental realizado en coordinación con la Sunarp, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú. Este trabajo interinstitucional permite asegurar que los vehículos no tengan procesos legales pendientes antes de su disposición final.
Proceso de fiscalización y reciclaje
Una vez culminadas las verificaciones, la ATU notifica a los propietarios respetando los plazos y procedimientos establecidos por ley. Tras esta etapa, las unidades quedan habilitadas para su traslado a las plantas de chatarreo, donde son desmanteladas, descontaminadas y recicladas bajo criterios ambientales y de seguridad.
La ATU destruyó 110 vehículos que operaban sin autorización y no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. (Foto: Difusión)
El trabajo de chatarreo ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años. Durante el 2025 se destruyeron 333 vehículos, cifra superior a las 184 unidades chatarreadas en 2024, las 45 registradas en 2023 y las 12 del año 2022, evidenciando un fortalecimiento de las acciones de control.
Transporte más seguro y sostenible
Desde la ATU señalan que estas medidas forman parte de una estrategia integral para reducir la presencia de vehículos informales, altamente contaminantes o en mal estado, que ponen en riesgo la seguridad vial y afectan la calidad del servicio de transporte público.
