La controversia en torno a la regulación pesquera en el Perú llega al Parlamento. La congresista Silvana Robles, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, presentó una iniciativa legislativa que busca derogar el Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, norma que ha sido señalada por diversos especialistas como un retroceso en la protección del mar peruano.
El Proyecto de Ley N° 13603/2025-CR tiene el objetivo de restablecer los candados legales que protegían a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) marinas de la pesca a gran escala y devolverle al Estado su capacidad sancionadora. Según la legisladora, la normativa actual, promovida por el Ministerio de la Producción, ha modificado los reglamentos de la Ley General de Pesca creando «vacíos normativos» peligrosos.
El peligro de la impunidad
La principal crítica al decreto vigente es que habría debilitado el régimen de fiscalización. Robles advierte que los cambios introducidos ponen en riesgo diversos procedimientos administrativos sancionadores que ya estaban en curso contra empresas detectadas realizando pesca ilegal en zonas prohibidas o reservadas.
«El decreto ha generado escenarios de impunidad», señala la fundamentación de la iniciativa, alertando que las modificaciones permiten que infractores evadan responsabilidades aprovechando la ambigüedad legal creada recientemente.
Prohibición explícita a la pesca industrial
Para cerrar la puerta a interpretaciones laxas, la propuesta legislativa plantea la modificación directa del artículo 76 de la Ley General de Pesca. El texto busca prohibir expresamente la extracción de recursos hidrobiológicos mediante embarcaciones de mayor escala (industriales) al interior de las ANP marinas.
Con esto, se busca reforzar la tipificación de infracciones y garantizar que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y otras entidades fiscalizadoras tengan el respaldo legal para proteger estos ecosistemas vulnerables.
Acción penal inmediata
Otro punto crítico que aborda el proyecto es la velocidad de la justicia. Actualmente, existen trabas que supeditan la denuncia penal al agotamiento de la vía administrativa. El proyecto de Robles busca restablecer el principio de autonomía e inmediatez de la acción penal.
Esto significa que, ante indicios razonables de un delito ambiental, las autoridades deberán comunicar el hecho de forma inmediata al Ministerio Público, sin esperar a que finalice el largo proceso burocrático administrativo. El objetivo es evitar que los delitos pesqueros prescriban y que los responsables queden sin sanción penal.
Esta medida forma parte de los compromisos de control político asumidos por la Comisión de Pueblos ante los cuestionamientos a la gestión de funcionarios de PRODUCE y SERNANP, reafirmando la necesidad de un marco normativo que priorice la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos sobre los intereses extractivos desregulados.
