La geografía del conflicto social en el Perú está cambiando drásticamente. Según el último reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), presentado recientemente, la Macro Norte ha desplazado al sur como el principal foco de tensión, concentrando ahora el 40% de los conflictos, frente al 37.6% del sur. Sin embargo, el dato más alarmante proviene de la Amazonía, que ya acumula el 24% de los casos, caracterizados por una violencia extrema y la presencia de crimen organizado transnacional.
Durante la conferencia de prensa posterior a la presentación del informe, José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción, advirtió sobre la gravedad de la situación en la selva. “En la Amazonía están ocurriendo situaciones dramáticas. Hay pueblos indígenas sometidos por bandas criminales como el Comando Vermelho o Los Lobos, obligados a desplazarse o a marcar sus viviendas para identificar quién controla la zona. El Perú ha perdido soberanía en esos territorios”, sentenció.
El REINFO y la «puerta giratoria» de la ilegalidad
El análisis del OCM coincide con el debate en el Congreso para aprobar una quinta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que permite operar a mineros informales e ilegales sin fiscalización efectiva.
Para De Echave, el rol del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha sido «nefasto», acusando al Ejecutivo y al Legislativo de «patear el problema para adelante» sin voluntad política de solución. «No hay un plan de acción serio. La minería ilegal es hoy un poder económico y político que controla territorios y tiene una bancada multipartidaria en el Congreso», afirmó.
El especialista denunció además la existencia de «puertas giratorias», identificando a funcionarios en la Dirección General de Formalización Minera y en la Defensoría del Pueblo con vínculos directos a gremios como FENAMARPE y CONFEMIN. “Nos imaginamos que esa influencia crecerá en las próximas elecciones de 2026”, alertó.
Concesiones «ociosas» y la invasión de Conga
Un dato revelador presentado en el informe, basado en cifras del MINEM, es que de las más de 20 millones de hectáreas concesionadas en el Perú, solo cerca del 2% se encuentran en fase de exploración o explotación. El resto, según los expertos, son «concesiones ociosas» que, paradójicamente, están siendo penetradas por la minería ilegal.
Marco Arana, excongresista y miembro de Grufides, expuso el caso emblemático del proyecto Conga en Cajamarca, propiedad de Newmont. Arana cuestionó cómo es posible que mineros ilegales hayan invadido la concesión, instalando «60 socavones y 40 campamentos» en zonas como Sorochuco, a pesar de los supuestos anillos de seguridad de la empresa.
“El mayor titular de concesiones mineras en el país es Newmont. ¿Cómo es posible que permitan mineros ilegales en su territorio concesionado cuando a los defensores ambientales y a la familia de Máxima Acuña los vigilaban con drones y cámaras satelitales?”, cuestionó Arana, sugiriendo una convivencia sospechosa o una pérdida total de control.
Debilitamiento institucional y «paquetazos» ambientales
Ana Leiva, especialista legal, y José de Echave coincidieron en que no se puede hablar de un «fracaso» de las políticas ambientales por acción de los defensores, sino por un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad estatal iniciado en 2013.
«Se ha golpeado la institucionalidad ambiental reduciendo plazos para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y debilitando al Senace. Estamos ante una caricatura de institucionalidad», señaló De Echave.
Asimismo, Arana llamó la atención sobre la votación en el Congreso donde 73 parlamentarios se opusieron a una disposición para prohibir el uso de mercurio en la minería, a pesar de que el Perú suscribió el Convenio de Minamata. «¿Es lobby del mercurio? ¿Dónde está la SUNAT fiscalizando los insumos químicos?», increpó.
Hacia el 2026
Los expertos concluyeron que la solución no pasa solo por una «Ley MAPE» (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), sino por revisar la Ley General de Minería, algo a lo que la Sociedad Nacional de Minería se opone.
«La gran pregunta para todos los grupos de interés, desde la CONFEMIN hasta la Sociedad Nacional de Minería, es: ¿Hasta cuánto están dispuestos a ceder en sus intereses particulares? Si cada uno se atrinchera, será imposible avanzar», finalizó De Echave.
