América Latina se encuentra en el ojo de la tormenta de la transición energética global. La carrera internacional por abandonar los combustibles fósiles ha disparado la demanda de minerales críticos, necesarios para fabricar baterías y autos eléctricos, colocando a la región en una posición geopolítica envidiable. Sin embargo, esta oportunidad histórica corre el riesgo de repetir viejos errores: la falta de estándares y normativas adecuadas podría sumir al continente en un nuevo ciclo de extractivismo depredador.
Así lo advierte el reciente estudio «Minerales de transición en América Latina: estándares, salvaguardas, regulaciones y desafíos», elaborado por la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) y presentado en alianza con organizaciones como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú y la Fundación Terram de Chile.
Una demanda explosiva sin freno regulatorio
Las proyecciones son contundentes: la demanda de minerales como el cobre, litio, níquel y grafito podría incrementarse hasta un 300% hacia el 2050. Actualmente, Chile y Perú aportan más del 34% del cobre mundial, mientras que el «triángulo del litio» (Chile, Argentina y Bolivia) concentra más de la mitad de los recursos globales de este mineral.
No obstante, los hallazgos del estudio revelan una realidad preocupante: la expansión minera avanza a una velocidad que los marcos regulatorios socioambientales de la región no pueden igualar. Existe una tendencia a la flexibilización de normas para atraer inversiones rápidas, lo que genera un «efecto dominó» que presiona a la baja los estándares de protección ecológica.
El caso peruano: Un gigante sin estrategia
El informe pone el foco en las contradicciones de los países líderes. En el caso de Perú, a pesar de ostentar el título de segundo productor mundial de cobre, el país carece de una política nacional específica para este mineral. Este vacío normativo impide planificar estratégicamente su rol en la transición energética global.
Denisse Linares, líder del Programa de Sostenibilidad de DAR, alerta sobre el peligro de esta inacción y la tendencia a debilitar las reglas del juego:
“En nuestro país no solo hay una ausencia de normas específicas, sino que las ya existentes se flexibilizan. Cada mineral requiere una norma para que sus procesos sean observados y fiscalizados. Es un desafío para las instituciones, y con estos riesgos de flexibilización, el escenario se muestra mucho más preocupante porque los ecosistemas quedan desprotegidos”.
El riesgo del «Extractivismo Verde»
Los expertos de organizaciones como CEDLA (Bolivia) y Foro Nacional por Colombia coinciden en que la región carece de un modelo unificado de gobernanza. Mientras algunos países intentan fortalecer su institucionalidad, otros reducen plazos y requisitos ambientales bajo la presión del mercado internacional.
Este escenario favorece lo que se denomina «extractivismo verde»: una explotación intensiva de recursos justificada por la lucha contra el cambio climático, pero que, paradójicamente, no garantiza derechos, participación ciudadana ni la protección de los ecosistemas locales.
Hacia una postura regional común
Para evitar quedar relegados al papel de simples proveedores de materias primas, los especialistas sugieren una respuesta en bloque. Gonzalo Roza, de Fundeps Argentina, insta a los países latinoamericanos a construir una postura común frente a potencias como Estados Unidos y China.
“No podemos participar solo como proveedores de materia prima. Debe haber un desarrollo de las propias industrias y un ingreso en las cadenas de valor global para potenciar nuestra productividad”, afirmó Roza, subrayando la necesidad de conectar las políticas energéticas con el desarrollo productivo local.
La transición energética ofrece una oportunidad única para el desarrollo sostenible, pero el mensaje de la sociedad civil es claro: sin normas sólidas y una gobernanza común, la «fiebre» por los minerales críticos podría tener un alto costo ambiental y social para América Latina.
