La resiliencia macroeconómica que caracterizó al Perú durante las últimas tres décadas podría tener fecha de caducidad si no se toman medidas correctivas inmediatas. Según una reciente alerta emitida por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), la estabilidad económica del país podría verse seriamente comprometida hacia el 2031.
El estudio, titulado «Un rompecabezas elusivo: La reconstrucción del espacio fiscal en el periodo 2026-2031», elaborado por el investigador Carlos Casas Tragodara, señala que el país enfrenta un escenario de alta fragilidad. La razón principal es la drástica reducción del «espacio fiscal», es decir, la capacidad del Estado para reaccionar ante crisis sin endeudarse peligrosamente.
El costo de la pandemia y el desorden actual
El informe detalla cómo el esfuerzo financiero para combatir la COVID-19 dejó las arcas del Estado en una posición precaria. Las cifras son contundentes: el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que en 2014 superaba los 9000 millones de dólares, se redujo a apenas 1 millón de dólares en 2020. Paralelamente, la deuda pública saltó del 26% del PBI en 2019 al 34% en un solo año.
Sin embargo, el problema no es solo herencia de la pandemia. Casas advierte sobre factores actuales que agravan la situación: un incremento desmedido del gasto corriente, el descontrol en empresas estatales deficitarias y, sobre todo, la aprobación de leyes desde el Congreso con impacto tributario negativo.
“Si la tendencia actual de gasto no se controla, podemos terminar en una situación cercana a la insolvencia y en donde los mercados nos perciban como un país riesgoso”, explica Casas. El economista subraya que el Perú tiene reglas fiscales claras, límite de déficit al 1% del PBI y deuda pública al 30%, que hoy están bajo presión.
Cuatro pilares para evitar el colapso
Para el periodo 2026-2031, el CIUP propone una hoja de ruta basada en cuatro ejes fundamentales para recuperar la salud financiera sin frenar el crecimiento:
- Reforma Tributaria Urgente: La presión tributaria del Perú es del 15%, muy por debajo del promedio latinoamericano (17.8%) y de la OCDE (24.6%). El estudio sugiere combatir la evasión y la informalidad mediante tecnología, en lugar de solo crear nuevos impuestos.
- Eficiencia en el Gasto: Se estima que la corrupción y la ineficiencia cuestan al Estado más del 1% del PBI anual. La propuesta apunta a mejorar la transparencia en las contrataciones y reasignar recursos a programas con retorno social comprobado.
- Ordenamiento Subnacional: Normas recientes, como el aumento del FONCOMUN, han creado desequilibrios. Se propone que los gobiernos regionales y locales generen sus propias bases tributarias para no depender exclusivamente de transferencias centrales.
- Pacto Político: Quizás el punto más crítico. Casas sostiene que la sostenibilidad no depende solo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “El consenso político en torno a la prudencia fiscal es tan importante como la política misma; sin él, ninguna regla se cumple”, sentencia.
Una advertencia final
El informe concluye con un mensaje claro para el próximo gobierno: la disciplina fiscal no es opcional. El costo de no actuar recaerá directamente sobre la ciudadanía a través de un menor crecimiento y mayor costo de vida.“La reducción del déficit y de la deuda deben ser prioridad, porque el costo de la indisciplina puede destruir todo lo que se ha conseguido en los últimos 30 años”, finaliza el investigador.
