Este jueves 20 de noviembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo evaluará un pedido clave en el proceso que enfrenta Fabián Antúnez Camacho, expresidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). A las 4:15 p. m., el juez Cristian Periche dará lectura a la resolución sobre la variación de la prisión preventiva dictada en su contra, medida que podría revocarse tras la desestimación de los principales elementos probatorios.
Antúnez es investigado por la desaparición de cuatro ciudadanos, ocurrida en abril de 2023 durante el paro asháninka que bloqueó el puente Puerto Ocopa. La movilización buscaba justicia por el asesinato del líder Santiago Contoricón, crimen que detonó una protesta masiva en la zona. El Ministerio Público mantiene un pedido de prisión preventiva de 18 meses y una orden de captura vigente, en tanto avanza la etapa de control de acusación.
Un caso marcado por pruebas debilitadas
En la audiencia del 6 de noviembre, la defensa del líder asháninka señaló que ya no existe sustento legal que justifique la continuidad de la prisión preventiva. Expuso que las razones que motivaron la medida perdieron vigencia y fuerza jurídica, pues los hechos atribuidos a Antúnez fueron modificados a raíz de la pérdida de credibilidad de los testigos protegidos.
La acusación inicial sostenía que Antúnez había dado la orden directa de desaparecer a los cuatro ciudadanos. Esa versión se basaba en declaraciones de testigos protegidos que aseguraban haberlo visto implicado. Sin embargo, durante las diligencias de reconocimiento, estos testigos no lo identificaron como autor de los hechos, debilitando la principal hipótesis fiscal.
Testigos desmentidos y versiones descartadas
La defensa recordó que las declaraciones de los testigos protegidos también fueron refutadas por otros testimonios. En el caso de Fabián Antúnez, la hermana franciscana del «Albergue Casa Misión Santa Teresita del Niño Jesús» declaró que él no salió del convento durante la noche en que sucedieron los hechos, contradiciendo la narración fiscal.
La fragilidad de los testimonios alcanzó a otros líderes inicialmente investigados, como Ángel Pedro Valerio y Fredy Gavilán Mejía. En ambos casos, el Poder Judicial y la Fiscalía concluyeron que no estuvieron en el lugar de los hechos; uno fue excluido del proceso y el otro encaminado al archivo.
A ello se suma que el Ministerio Público revisó el contenido del celular de Antúnez sin hallar mensajes o comunicaciones que lo vincularan con los delitos investigados.
Cambio de imputación: de autor directo a responsable por convocar el paro
Ante el debilitamiento de las declaraciones, la Fiscalía modificó la narrativa de los hechos. Ya no sostiene que Antúnez dio la orden de desaparecer a las víctimas, sino que su supuesta responsabilidad radicaría en haber convocado la movilización asháninka y en “conocer y controlar” lo ocurrido durante el paro. Para la defensa, este giro confirma que la imputación inicial no se sostiene y que no existe riesgo procesal que justifique la prisión preventiva.
Expectativa por una resolución decisiva
Tras desmontar los elementos que sustentaron la medida, la defensa espera que el juzgado revoque la prisión preventiva y la sustituya por comparecencia con restricciones. Sostienen que Antúnez siempre ha expresado su disposición a enfrentar el proceso y cumplir las reglas de conducta necesarias para garantizar su presencia en las etapas pendientes.
La resolución de esta tarde definirá si el líder asháninka continúa afrontando el proceso privado de su libertad o si recupera la posibilidad de hacerlo en libertad, mientras defiende su inocencia en un caso que expone los riesgos de criminalizar movilizaciones comunitarias que exigen justicia frente a la violencia en los territorios indígenas.
