La mañana del 17 de noviembre, la avenida Abancay volvió a colapsar bajo la presión de cientos de mineros informales, un escenario que se repite cada vez que se acerca el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, conocido también como REINFO. Esta vez, la protesta coincidió con la próxima evaluación, en la Comisión de Energía y Minas, de un predictamen que no solo propone extender el registro hasta el 31 de diciembre del 2027, sino también reincorporar más de 50 mil registros excluidos por incumplimientos previos.
El documento, que integra diversos proyectos de ley, es parte de una tendencia que se arrastra desde 2016, con prórrogas sucesivas que han convertido un régimen supuestamente «temporal» en un mecanismo de operación continua que no termina de consolidar la formalización minera. El presidente de la comisión, Víctor Cutipa, adelantó que su expectativa es que el texto pase intacto al voto del grupo parlamentario.
Un predictamen que reabre el proceso y modifica la arquitectura de formalización
De acuerdo con el documento, la comisión considera que las modificaciones planteadas “constituyen un instrumento transitorio pero indispensable para consolidar el proceso de formalización minera integral». Sin embargo, el predictamen reconoce que el proceso arrastra fallas profundas desde su creación. Entre ellas, destaca la ausencia de información real y verificable sobre cuántos operadores existen, dónde trabajan y en qué condiciones:
“Las estimaciones fragmentarias (…) no permiten caracterizar con precisión el universo real de actores ni su comportamiento productivo, lo cual genera ineficiencia en la intervención estatal y dificulta la toma de decisiones normativas”.
Este diagnóstico es clave, porque revela que el Congreso está proponiendo ampliar nuevamente un sistema que la propia comisión describe como débil, impreciso y sin capacidad de fiscalización efectiva.
¿Qué plantea realmente el predictamen?
Más allá de la fecha límite del 2027, el predictamen incorpora cambios de impacto estructural:
1. Reincorporación masiva de excluidos
Se propone devolver al proceso a quienes salieron del Reinfo por incumplimientos, permitiendo que retomen trámites en el estado previo al 30 de junio de 2025. Este retorno comprueba que las depuraciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minas, que en 2025 redujeron el registro a poco más de 31 mil inscritos, podrían revertirse de manera abrupta.
2. Suspender o flexibilizar los procedimientos de exclusión
El predictamen plantea congelar procedimientos sancionadores que se aplicaban a operadores que no acreditaban titularidad, carecían de contratos de explotación o incumplían obligaciones ambientales.
3. Dependencia del futuro proyecto de Ley MAPE
El texto señala que el proceso seguirá vigente hasta que se apruebe la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Sin embargo, dicha norma lleva años estancada y no alcanza consenso político, lo que convierte la prórroga en un escenario abierto e indefinido.
4. Proponer un Censo Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal
El predictamen plantea ejecutar un censo nacional, al que califica como “el único mecanismo capaz de generar una línea base estadística confiable”. Sin embargo, la propuesta llega después de plantear una nueva ampliación y la reincorporación masiva de registros excluidos, lo que evidencia una contradicción estructural, puesto que se propone ordenar el sector sin tener todavía los datos básicos para hacerlo.
Un sistema que acumula tensiones y vacíos
Desde su creación, el Reinfo buscaba ordenar la pequeña minería y la minería artesanal. Sin embargo, la dinámica ha tomado otro rumbo. De acuerdo con cifras analizadas en el predictamen, el 93% de inscritos trabaja en concesiones ajenas, lo que impide avanzar en la formalización definitiva. El proceso exige, por ejemplo, contar con contratos de explotación, pero estos casi nunca se concretan.
Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), destacó a Inforegión que este vacío genera conflictos y frena avances. «Esto no ha avanzado, sea porque el concesionario señala que cuenta con un derecho adquirido y que no están obligados a firmar esos contratos. En caso de negociar, lo reducen a cuánto se paga por regalías: el titular pedirá un porcentaje alto, mientras el minero ofrecerá el mínimo posible», explicó.
Este problema representa un obstáculo para avanzar en la formalización, ya que uno de los requisitos centrales del proceso es la existencia de un contrato de explotación entre ambas partes. Esta situación también fue advertida por Máximo Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), durante una entrevista con Inforegión. “La formalización no depende del minero artesanal, sino de los titulares de las concesiones, quienes no quieren firmar los contratos de explotación”.
Las dificultades se agravan porque los gobiernos regionales no cuentan con personal ni capacidades suficientes para fiscalizar, mientras que las zonas de operación, muchas ubicadas en territorios de alta conflictividad socioambiental, registran escaso acompañamiento institucional.
En junio pasado, el Ejecutivo ya había extendido la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2025, pero la presión social, la falta de avances y la ausencia de una ley integral han reactivado el debate.
Advertencias desde los gremios y la Comunidad Andina
Mientras el Congreso acelera la ampliación, 56 gremios empresariales, entre ellos la Confiep, la SNI y la SNMPE, alertaron que un régimen transitorio sin control “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”. Señalan que la Comunidad Andina podría imponer restricciones comerciales a productos nacionales si el país incumple sus compromisos en la lucha contra la minería ilegal.
El Tribunal Constitucional también advirtió en abril que extender regímenes que permiten operar sin fiscalización profundiza los impactos en poblaciones vulnerables, reduce ingresos fiscales y agrava el deterioro ambiental.
Organizaciones, líderes indígenas y especialistas se pronuncian
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) también publicó un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales, líderes indígenas y especialistas en derecho ambiental. El texto es enfático: “Una ampliación más del Reinfo desnaturaliza su finalidad transitoria, fomentando una minería desordenada, que opera sin cumplir normas ambientales y laborales”.
El OMI sostiene que el Congreso está a punto de consolidar un sistema que, por más de dos décadas, no ha logrado controlar la minería ilegal: “Resulta preocupante que una institución democrática como el Congreso considere extender un sistema que (…) solo perpetúa estos problemas sin ofrecer soluciones de fondo”, señala el documento.
El pronunciamiento también exige que el Estado avance hacia una ley integral para la MAPE, con criterios técnicos y ambientales sólidos, y que se priorice la depuración del padrón para identificar a quienes realmente buscan formalizarse.
Un debate decisivo para el futuro de la minería de pequeña escala
Mientras se acerca la votación, los mineros informales continúan con movilizaciones frente al Congreso. Lo que se discuta en la Comisión de Energía y Minas hoy 18 de noviembre definirá el rumbo de un sector que involucra a más de 250 mil personas de manera directa y a un millón de familias en total. Para algunos congresistas, extender el Reinfo es una respuesta social necesaria. Para expertos y organizaciones, es un nuevo episodio de postergación que perpetúa la informalidad y la degradación ambiental.
En el centro del debate hay una pregunta de fondo: ¿puede el Perú seguir prorrogando un sistema que no conduce a la formalización real, mientras la minería ilegal continúa expandiéndose sobre ríos, bosques y territorios indígenas? Las próximas horas serán decisivas para responderla.
¿Sabías que la minería ilegal se ha extendido a nueve regiones amazónicas de nuestro país? ¿Y que están en riesgo a 73 comunidades nativas? Conoce más aquí.
