El pasado domingo 25 de octubre, las comunidades nativas de Puerto Azul, Boca Isiriwe, Isla de los Valles y Masenawa acordaron por unanimidad rechazar el proyecto de carretera Boca Manu – Boca Colorado, promovido por el Gobierno Regional de Madre de Dios. La decisión se tomó durante una asamblea comunal en Puerto Azul, donde las comunidades denunciaron que la iniciativa se impulsa sin consulta ni participación efectiva de los pueblos indígenas, como exige la normativa nacional e internacional.
En la reunión participaron representantes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Defensoría del Pueblo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
“No puede haber desarrollo sin derechos”
Durante el encuentro, el apu Julio Cusurichi expresó el respaldo de la organización nacional a la posición de las comunidades. “No puede haber desarrollo sin respeto a los derechos colectivos, la consulta previa y el consentimiento libre e informado”, señaló.
Las comunidades advirtieron que la carretera afectaría directamente sus territorios y la Reserva Comunal Amarakaeri, una de las áreas más biodiversas del país. Adicionalmente, alertaron que la obra podría incrementar la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y la pérdida cultural, además de poner en riesgo la vida de los líderes y lideresas indígenas que defienden sus tierras.
Riesgos territoriales y demandas pendientes
Los representantes comunales denunciaron también la falta de garantías por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios respecto a la seguridad jurídica de sus territorios. Indicaron que las demandas de titulación y ampliación comunal no han sido atendidas, lo que deja abiertas las puertas a invasiones y conflictos territoriales.
Frente a ello, insistieron en que el Estado no puede seguir impulsando carreteras sin planificación ni respeto por los derechos de los pueblos indígenas. En su lugar, propusieron fortalecer el control territorial, proteger los bosques y promover alternativas de desarrollo sostenible con enfoque indígena.
Aidesep reiteró su respaldo a las comunidades y a la FENAMAD, y exigió al Estado peruano cumplir con los marcos legales que garantizan los derechos de los pueblos amazónicos. La organización recordó que la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obligan al Estado a respetar el consentimiento libre, previo e informado antes de ejecutar proyectos que afecten los territorios indígenas.
