La Fiscalía de Satipo ha puesto en la mira al líder asháninka y defensor ambiental Fabián Antúnez Camacho, acusándolo de secuestro y homicidio calificado por una protesta que él convocó para defender a su pueblo de la violencia del narcotráfico. El caso se ha convertido en el más reciente ejemplo de la criminalización de líderes indígenas en Perú, donde la defensa de la Amazonía se traduce en persecución judicial.
Antúnez, cuya propia historia familiar está marcada por la violencia de Sendero Luminoso, lideró el paro y bloqueo de la carretera en Puerto Ocopa en abril de 2023. La movilización surgió como respuesta directa al asesinato del líder histórico Santiago Contoricón y la percibida indiferencia estatal ante los crímenes del narcotráfico.
La acusación fallida y el desencuentro intercultural
El paro de 2023 dejó cuatro civiles desaparecidos: José Valdivia Andamayo, Brandom Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Ramírez Fernández. En lugar de priorizar la búsqueda de los cuerpos y los responsables materiales, la Fiscalía se centró en la figura de Antúnez, en su calidad de convocante público de la protesta.
El expediente Nº 01440-2023-0-3406-JR-PE-01, a cargo del fiscal Rolly Ronald Rivera Medrano, evidencia una investigación plagada de contradicciones:
1. Tesis inicial desmoronada: La acusación inicial, formalizada con la Disposición Nº 09-2023, sostenía que ronderos retuvieron a las víctimas y que Antúnez, desde un convento donde se hospedaba, acudió a una reunión nocturna para ordenar la desaparición.
2. El testimonio clave: Esta tesis fue demolida por la hermana franciscana responsable del albergue. La religiosa declaró bajo juramento en febrero de 2024 que las puertas del convento se cerraban con llave y que «nadie buscó a Antúnez esas noches», invalidando la posibilidad de que el líder diera órdenes en el lugar de los hechos.
3. El «giro fiscal»: Ante el fracaso de la prueba, la Fiscalía ejecutó una maniobra con la Disposición de Aclaración Jurídica Nº 25-2025: dejó de acusarlo de homicidio ordenado para culparlo de «autoría no ejecutiva», una figura legal que criminaliza el liderazgo. El delito pasó de ser un acto directo de violencia a ser una abstracción: la responsabilidad de ser dirigente.
La justicia que ignora la cosmovisión indígena
Especialistas en derechos humanos como la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, señalan que este giro evidencia un error de perspectiva fundamental en el sistema judicial.
Según Pérez Tello, la acusación ignora la cosmovisión indígena: «Ningún líder indígena actúa solo o ‘porque se le ocurre’. Las decisiones se toman en asamblea, con mandatos claros y decisiones colegiadas que el presidente ejecuta. En el mundo indígena, sobre todo amazónico, la autoridad comunitaria no es vertical ni autónoma: el presidente o jefe ejecuta las decisiones colectivas. Si se responsabiliza a Fabián, se tendría que responsabilizar a toda la asamblea, lo cual carece de sentido».
El especialista José Saldaña advierte que esta estrategia, ya utilizada en procesos emblemáticos como el «Baguazo» (2009) y el caso Walter Aduviri (2019), revela una práctica persecutoria: si no se logra probar un delito, se «inventa otro» para mantener al líder en prisión.
El culpable ideal: Defender al bosque se vuelve delito
Fabián Antúnez Camacho es un defensor reconocido. Como presidente de la CART, no sólo impulsó la titulación de ocho comunidades y gestionó servicios básicos, sino que lideró la lucha frontal contra el narcotráfico. En 2021, encabezó un operativo comunal que logró incautar casi una tonelada de cocaína en el río Tambo.
El exministro del Interior Rubén Vargas sostiene que la persecución no es casualidad, sino una «represalia por haber hecho lo correcto». «Él y su comunidad hicieron más por la erradicación y la protección ambiental que muchas operaciones oficiales», afirmó Vargas, resumiendo que el encarcelamiento de Antúnez silencia a un líder que representaba una «amenaza real para las redes criminales».
Hoy, mientras el líder asháninka permanece en la clandestinidad y la investigación fiscal sigue sin responder a la pregunta de los familiares, «¿dónde están los desaparecidos y quién los mató?», la justicia peruana falla por partida doble: deja un manto de impunidad sobre los verdaderos asesinos y criminaliza a quien defendía el patrimonio del país.
*Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
