Treinta jóvenes indígenas del colectivo Tsiuni presentaron una demanda de hábeas corpus contra el Estado peruano, exigiendo la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos contra pueblos amazónicos durante la época del caucho, entre 1880 y 1920. La solicitud fue presentada el 13 de octubre ante el Juzgado Mixto de Nauta, en la región Loreto.
El colectivo agrupa a jóvenes de los pueblos Kukama, Maijuna, Secoya, Murui, Bora, Tikuna, Awajún, Arabela, Achuar y Wampis. Argumentan que su acción legal se ampara en el derecho a la verdad y busca el reconocimiento oficial de los hechos de violencia sufridos por sus antepasados.
Violaciones sistemáticas durante el auge del caucho
Diversos estudios históricos y antropológicos estiman que entre 30 mil y 100 mil indígenas fueron víctimas de explotación, esclavitud y asesinato durante el auge de la industria cauchera en la Amazonía. Según el colectivo, estos actos, cometidos por empresas caucheras con la complicidad del Estado, constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Hace más de 100 años, nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres, nuestras tías, las generaciones que les precedieron, han sido víctimas de una ola de extermino, violencia, esclavitud y muerte”, señala el comunicado difundido por Tsiuni.
Denuncian continuidad de la violencia
En su pronunciamiento, los jóvenes también vinculan la violencia histórica con situaciones actuales. Afirman que persisten patrones de agresión contra sus comunidades, como la falta de titulación colectiva, la promoción de leyes que consideran lesivas a sus derechos y la falta de protección a territorios indígenas.
“La violencia es cíclica en la Amazonía, nunca se ha detenido y sigue operando de la misma manera, a manos de empresas y grupos de poder, de un Estado cómplice y criminal”, indican en el documento.
Asimismo, critican medidas como la Ley Antiforestal, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la negativa del Estado a reconocer la reserva Yavarí Mirim.
Solicitan medidas concretas del Estado
La demanda presentada busca que el Estado asuma su responsabilidad en los hechos del pasado, mediante la creación de una Comisión de la Verdad especializada en los crímenes de la época del caucho. Esta iniciativa, señalan, también apunta a prevenir futuras vulneraciones contra los pueblos indígenas.
“La historia del caucho, lejos de desaparecer, se encarna con más fuerza en una práxis para matar”, advierte el colectivo.
Los demandantes esperan que el Poder Judicial declare fundada la acción legal y ordene al Estado la implementación de este mecanismo de verdad, memoria y justicia.
