Un proceso judicial contra el alcalde de Huepetuhe, Ancelmo Quispe Quispe, por presunta designación ilegal de un funcionario, enfrenta retrasos, inhibiciones y decisiones irregulares que han generado preocupación entre los pobladores del distrito, ubicado en la provincia del Manu, región Madre de Dios.
La designación que originó la denuncia
Todo comenzó el 2 de enero de 2023, cuando mediante Resolución de Alcaldía Nº 003-2023-MDH/A, el entonces alcalde Quispe designó como gerente municipal al ingeniero agrícola Aldo Rosel Cayo. Según denuncias ciudadanas y documentos internos, Rosel no cumplía con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe, lo que configuraría una designación ilegal y una infracción a la Ley de Servicio Civil.
La denuncia fue presentada en la fiscalía provincial especializada en corrupción de funcionarios el 14 de abril de 2023 por Esmidio Quisoe Pacherres. Recién en agosto de 2024, la jueza Piedad Magdalena Talledo Guarderas, del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huepetuhe, emitió la Resolución N° 01 en el Expediente N° 00093-2024-36-JR-PE-01, citando a juicio oral. Lo que parecía el inicio de un proceso judicial firme se convirtió en un laberinto de dilaciones, según la revisión de los documentos.
Irregularidades y sospechas de impunidad
Cuatro meses después, el 20 de diciembre de 2024, la jueza Talledo se inhibió del caso alegando tener un hermano laborando en la Municipalidad de Huepetuhe. Lo preocupante no fue la inhibición en sí, sino el procedimiento adoptado: en lugar de remitir el expediente a la instancia superior para que se determine el juzgado competente, lo envió directamente al Juzgado Mixto de Salvación, lo cual no corresponde al conducto regular.
El Juzgado Penal Unipersonal de Salvación – Manu, mediante Resolución Nº 03 de fecha 21 de octubre de 2024, devolvió el expediente al despacho original, señalando que no se había seguido el trámite adecuado. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho: desde julio de 2024 hasta enero de 2025, no se realizó ninguna actuación sustancial. La única resolución emitida fue la Nº 04, en la que se remitieron copias certificadas a la Sala Mixta Permanente de Inambari, mientras el expediente físico permanecía en el despacho de la jueza Talledo.
El vacío procesal de más de seis meses ha despertado cuestionamientos sobre un posible favorecimiento a la prescripción del caso. La inhibición tardía, la remisión irregular del expediente y su permanencia en el despacho de la jueza son hechos que podrían ser materia de investigación por parte del Órgano de Control Interno (ODANC) de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.
A pesar de que existe una queja formal ante dicho órgano, hasta la fecha no se ha informado de ninguna medida correctiva ni de supervisión efectiva. La situación se agrava con el cambio de magistrado: desde que el juez Lucio Zeni Ruelas Escobedo asumió el despacho, no se ha fijado fecha para el inicio del juicio oral. Han pasado casi dos años desde la denuncia, y el proceso sigue estancado.
La presunta designación ilegal del gerente municipal no es un hecho menor. En una región como Madre de Dios, donde la institucionalidad se ve constantemente amenazada por redes de corrupción, minería ilegal y tráfico de influencias, cada acto de impunidad representa un retroceso en la construcción de un Estado de derecho.
Vecinos de Huepetuhe, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, exigen respuestas y se preguntan: ¿qué está haciendo la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios para garantizar que este proceso avance? ¿Por qué no se ha fijado fecha de juicio oral? ¿Qué medidas se han tomado frente a la actuación de la jueza Talledo Guarderas?
