El 21 de agosto de 2025, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, como parte de una investigación por presunto cohecho que también involucra a la fiscal Marita Barreto. Los hechos se remontan a 2022, cuando Cruz trabajaba en El Comercio y Prado en IDL Reporteros.
El caso se originó en los testimonios de Miguel Girao, exasesor de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides e investigado en el Caso Valkiria. Según declaró, Barreto habría pedido a los periodistas difundir información negativa contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.
Sin embargo, el propio Girao admitió que no observó ningún acto ilícito en esas conversaciones. Tanto Cruz como Prado han negado haber aceptado tales pedidos.
Posición del CPP
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo a la medida, señalando que representa una vulneración a principios básicos de la democracia. “El Consejo de la Prensa Peruana considera una irregularidad y un abuso la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca”, indicó en su pronunciamiento.
El gremio periodístico enfatizó que, aun si se hubiera producido un pedido por parte de un fiscal para publicar determinada información, ello no configuraría delito alguno.
“Que un fiscal solicite una publicación a un periodista no es un acto delictivo, toda vez que éste no tiene control sobre lo que su interlocutor dice”, subrayó el CPP.
Riesgo de normalización
La organización advirtió que decisiones como esta podrían volverse frecuentes en perjuicio del trabajo periodístico. “El levantamiento del secreto de las comunicaciones a periodistas, o pedidos para ello, se está normalizando en el Perú. También involucrarlos forzadamente en caprichosas investigaciones que, más bien, huelen a venganza y persecución”, remarcó.
Con este pronunciamiento, el CPP reiteró su defensa del derecho a la reserva de las fuentes y a la protección de las comunicaciones de los periodistas, pilares fundamentales para el ejercicio de un periodismo independiente.
La polémica medida solicitada por la Procuraduría ha encendido las alarmas en el gremio, que teme que acciones como esta puedan usarse como mecanismos de hostigamiento frente a la prensa crítica.
