La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha determinado que Pluspetrol, la petrolera de capitales argentinos, es responsable de la contaminación ambiental y de la vulneración de derechos humanos en la región de Loreto, en la Amazonía peruana, durante su operación en el Lote 192 (antes conocido como Lote 1AB). La resolución, emitida por el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Países Bajos, exige a la empresa asumir la remediación de los daños causados en un área que lleva más de cuatro décadas de explotación petrolera.
El fallo se produce tras un largo proceso iniciado en 2020 por las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, quienes presentaron una denuncia ante la OCDE por los impactos de la empresa en las comunidades indígenas de la región. Esta denuncia fue admitida en 2021, siendo la primera que acepta el PNC contra una “empresa buzón” registrada en un país con un régimen fiscal favorable, pero sin operaciones reales en ese lugar.
Daños ambientales y sociales
La resolución de la OCDE subraya que Pluspetrol no cumplió con las directrices de responsabilidad social empresarial del organismo, específicamente en lo que respecta a la prevención de impactos ambientales negativos y la protección de la salud de las comunidades indígenas. Los denunciantes evidencian múltiples violaciones, entre ellas, el derrame de petróleo, la contaminación de cuerpos de agua y suelos, y la afectación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, la salud y el territorio.
De acuerdo con el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), Pluspetrol dejó 3249 sitios contaminados en el área del Lote 192. Los pueblos indígenas quechua, achuar y kichwa, que habitan los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, continúan sufriendo las consecuencias de la actividad extractiva, que afectó sus medios de vida y su acceso a recursos naturales esenciales.
Aurelio Piñola, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACOR), expresó que, aunque Pluspetrol ya no opera en el Lote 192, la empresa debe asumir la responsabilidad por los daños causados. “Sabemos que Pluspetrol ya no está en el lote, pero nosotros queremos que asuma su responsabilidad”, indicó Piñola.
Rechazo al diálogo y la evasión de responsabilidad
La resolución del PNC también resalta que, a pesar de los esfuerzos por parte de la OCDE para facilitar un espacio de mediación, Pluspetrol se negó a participar en el proceso de diálogo. Este rechazo contrasta con los principios de responsabilidad empresarial promovidos por la OCDE, que buscan garantizar que las empresas asuman su responsabilidad en la reparación de los daños causados.
La empresa, por su parte, ha sostenido que solo es responsable de la contaminación generada durante el periodo en que estuvo al frente de las operaciones (2000-2015). Pluspetrol argumenta que heredó un terreno contaminado de las empresas que operaron en el Lote 192 antes que ellos. Sin embargo, las autoridades peruanas exigen que la petrolera también se haga cargo de la contaminación previa, como se acordó en el contrato de concesión.
Una larga historia de contaminación y abandono
El Lote 192, que tiene una extensión de 512 000 hectáreas y es uno de los campos petroleros más productivos de Perú, ha sido explotado durante más de 40 años por diversas empresas, incluida Pluspetrol, que estuvo a cargo de la operación entre 2000 y 2015. Desde su salida, el campo ha quedado detenido, y las actividades de extracción no han sido reactivadas a pesar de los esfuerzos de la estatal Petroperú para poner en marcha la producción, junto con la empresa colombiana Altamesa, que abandonó el proyecto en 2025.
El rechazo del Plan de Abandono presentado por Pluspetrol en 2021, que fue considerado insuficiente por las autoridades ambientales peruanas, refleja la falta de compromiso de la empresa con la remediación de los daños. A pesar de la magnitud de la contaminación, que según los cálculos requiere una inversión de 1500 millones de dólares para su remediación, Pluspetrol no ha tomado acciones concretas para restaurar los sitios afectados.
El reto para el Estado peruano
El fallo de la OCDE subraya un problema estructural más amplio: la falta de un marco regulatorio efectivo que asegure la responsabilidad de las empresas extractivas, especialmente aquellas que operan en territorios indígenas. Para Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), “el sistema regulatorio ha generado incentivos perversos para la evasión de la responsabilidad legal de un operador que, aunque terminó con sus operaciones, mantiene una responsabilidad jurídica y social con las zonas donde abandonó actividades”.
En este contexto, el Estado peruano enfrenta la tarea de garantizar que Pluspetrol cumpla con las obligaciones de remediación y reparación, además de fortalecer las políticas ambientales y de responsabilidad social empresarial.
Próximos pasos: La larga lucha por la justicia
Las federaciones indígenas no solo han celebrado el fallo de la OCDE como una victoria simbólica, sino que también han subrayado que seguirán luchando por la reparación integral de los daños. Entre el 2 y el 6 de septiembre de 2025, los líderes indígenas viajarán a Ámsterdam y La Haya para reunirse con autoridades de Países Bajos y continuar presionando por justicia.
A pesar de la resolución favorable de la OCDE, las comunidades afectadas siguen enfrentando graves problemas de acceso a servicios básicos, como agua potable y atención médica, y la restauración ambiental parece aún lejana. Con la presión internacional aumentando, las expectativas ahora recaen en que el Estado peruano exija a Pluspetrol asumir su responsabilidad por los daños causados durante su operación en la Amazonía peruana.
*Accede aquí a la Declaración del PNC de la OCDE de Países Bajos.
