Al cumplirse 19 años de la promulgación de la Ley N.º 28736, que establece el régimen de protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), diversas organizaciones indígenas señalaron que persisten graves deficiencias en su implementación.
Durante la conferencia “A 19 años de la Ley PIACI: balance y desafíos”, realizada el 26 de agosto en la Facultad de Derecho de la PUCP, representantes de AIDESEP, ORPIO, ORAU, FENAMAD, así como expertos y funcionarios públicos, discutieron los avances y retrocesos en la protección de estos pueblos altamente vulnerables.
Los representantes indígenas advirtieron que los riesgos han aumentado debido al avance de actividades extractivas, tanto legales como ilegales, y la expansión de la deforestación en territorios PIACI. A esto se suma, según indicaron, una narrativa negacionista sobre la existencia de estos pueblos, impulsada por intereses económicos.
Denuncian presión sobre territorios y demoras estatales
“El movimiento indígena con sus luchas viene siendo perseguido por el Estado peruano (…), nuestros hermanos en aislamiento no pueden defenderse por sí mismos”, afirmó Pablo Chota, coordinador político del Programa PIACI de ORPIO, quien advirtió sobre la presión en territorios indígenas de Loreto por concesiones y tala ilegal.
Chota cuestionó la demora en la toma de decisiones por parte de la Comisión Multisectorial PIACI, especialmente en lo referente a la categorización de reservas. “Nosotros levantamos la voz por los hermanos en aislamiento, mientras el gobierno niega su existencia”, declaró.
Según datos presentados por Héctor Rodríguez, asesor legal de ORPIO, entre 2021 y 2024 se perdieron 31,840 hectáreas de cobertura boscosa en el corredor territorial Yavarí–Tapiche, en Loreto. Además, entre el 1 de enero y el 9 de agosto de 2025 se han registrado 137,167 alertas de deforestación en la zona.
Limitaciones del Régimen Especial Transectorial
El Régimen Especial Transectorial (RET), mecanismo creado por la Ley PIACI para coordinar acciones de protección entre diversas entidades del Estado, fue otro de los puntos centrales del debate. Su débil articulación ha sido señalada como una de las principales causas de la ineficacia de las medidas de protección.
“El RET funciona con las coordinaciones entre sectores (…). Esta articulación requiere un gran esfuerzo”, señaló Paola Bárriga, directora de la Dirección de PIACI del Ministerio de Cultura. Añadió que el ministerio actúa como ente rector, pero depende del trabajo conjunto con otras entidades como los ministerios de Salud, Interior y Defensa.
A pesar de la existencia de este mecanismo, organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil coincidieron en que su funcionamiento es limitado. “Los pueblos indígenas no pueden asumir la responsabilidad del Estado”, advirtió Silvana Baldovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Solicitudes sin resolver y amenazas crecientes
La antropóloga Beatriz Huertas recordó que la lucha por el reconocimiento de las reservas indígenas se inició en los años 80, pero actualmente aún hay cinco solicitudes pendientes. Según explicó, esta demora responde, en parte, a intereses económicos vinculados a concesiones extractivas, lo que agrava la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento.
Desde Madre de Dios, Luis Felipe González Celis, asesor técnico de FENAMAD, denunció el impacto de las actividades extractivas en su región y la demora en la categorización de la reserva propuesta. “Va más de 10 años”, señaló, al tiempo que advirtió sobre el ingreso del narcotráfico ante la reducción del caudal de los ríos.
Finalmente, se destacó la importancia de proteger los corredores territoriales en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, como medida clave para evitar la fragmentación del bosque y reforzar la defensa de los territorios PIACI.
“El negacionismo no nace en las comunidades, sino en los intereses que lucran con la tala, la minería ilegal y el narcotráfico”, concluyó Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP.
