El Colegio de Abogados de Huánuco y diversas organizaciones sociales expresaron su preocupación por el deterioro de la Carretera Central, en el tramo Chicrín (Pasco) – Ambo (Huánuco), hasta Puente Rancho. Señalan que, a pesar de la declaratoria de emergencia publicada a inicios de agosto, no se han iniciado trabajos de mantenimiento ni se ha informado sobre un cronograma de intervención.
“Somos testigos del pésimo estado en que se encuentra esta vía. Sin embargo, existe una total inacción por parte de las autoridades, particularmente en este caso, de Provías Nacional”, declaró el decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe.
Denuncian inacción de Provías Nacional
La resolución ministerial que declara en emergencia este tramo del servicio de transporte terrestre dispone que Provías Nacional inicie acciones inmediatas. Sin embargo, según el gremio profesional, hasta la fecha no se han elaborado los términos de referencia ni se han ejecutado acciones concretas.
“Ya ha transcurrido más de un mes y vemos que no se ha avanzado nada”, afirmó Cajusol. Añadió que el mal estado de la vía incrementa el riesgo de accidentes, especialmente entre Huánuco y Tingo María, tramo que describió como “prácticamente intransitable”.
Posible denuncia penal
El Colegio de Abogados advirtió que, de no observarse avances hasta el viernes 5 de septiembre, presentarán una denuncia penal por omisión de actos funcionales contra Provías Nacional. La medida tomaría como referencia acciones similares adoptadas en otras regiones del país.

“Estaríamos interponiendo una denuncia penal […] como ya ha ocurrido en otras regiones del país. En Áncash, por ejemplo, el Colegio de Abogados ha denunciado penalmente a Provías Nacional, y esa misma acción la vamos a replicar aquí en Huánuco si la inacción continúa”, indicó el decano.
Críticas al gobierno regional
El pronunciamiento también cuestiona el rol del gobierno regional. Según el Colegio de Abogados, el gobernador de Huánuco no ha gestionado presupuesto ni ha solicitado al Ejecutivo una intervención urgente. “El gobernador debería tomar acciones, reclamar, acudir al gobierno central, gestionar presupuesto, hacer algo. Sin embargo, no se está haciendo absolutamente nada”, agregó Cajusol.
Además, recordó que hace dos meses se firmaron compromisos durante la visita de un exministro de Transportes, los cuales, hasta la fecha, no se han traducido en acciones concretas.
Sospechas sobre retrasos
Finalmente, desde el gremio se advirtió que las demoras podrían estar relacionadas con posibles intereses económicos. “Podría estarse demorando intencionalmente el proceso para direccionar quién será la empresa ejecutora, porque estamos hablando de muchos millones de soles en inversión”, sostuvo Cajusol.
El Colegio de Abogados reiteró su llamado a que se inicien de inmediato los trabajos de mantenimiento y que se informe públicamente sobre las medidas previstas en el marco de la declaratoria de emergencia.


