Siete organizaciones indígenas de alcance nacional denunciaron, mediante una carta enviada el 30 de agosto, irregularidades en la aplicación de la pregunta sobre autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025. El documento, dirigido al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, y al viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela, señala que estas inconsistencias vulnerarían el derecho a la autoidentificación y tendrían un impacto directo en los resultados oficiales.
Las organizaciones afirman haber recibido “diversas y numerosas quejas y comentarios sobre lo que sería una manipulación de la pregunta 10 de identificación étnica, por parte de algunos censistas”, hechos que, según indican, se han repetido en distritos de Lima y otras regiones.
Casos reportados en Lima y Puno
Según el pronunciamiento, se han registrado distintos tipos de irregularidades en zonas urbanas y rurales. Entre los casos recopilados se encuentran:
- Omisión de la pregunta 10 sobre etnicidad en distritos como Carabayllo, Magdalena y Pueblo Libre (Lima), y en Pomata, El Collao (Puno).
- Falta de formulación de la pregunta sobre lengua materna en Carabayllo.
- Modificación de la pregunta de autoidentificación, reduciendo las opciones a “¿se considera blanco o mestizo?”
- Lectura parcial de las opciones con énfasis en categorías específicas como “mestizo” y “blanco”, reportado en un edificio del distrito de Miraflores.
Estas prácticas, advierten, podrían tener un efecto directo en la cuantificación de la población indígena, al reducir artificialmente su representación en los resultados censales.
Efectos en políticas públicas
Las organizaciones firmantes sostienen que si estas irregularidades persisten, se “desvirtuarán los resultados de los Censos Nacionales, ocultando o minimizando la cantidad de personas que nos autoidentificamos como parte de un pueblo indígena u originario”.
Advierten también que una baja representación en las estadísticas oficiales podría limitar la efectividad de políticas públicas relacionadas con educación, salud, infraestructura y otros servicios dirigidos a los pueblos indígenas.
Demandan acciones correctivas
En la misiva, las organizaciones exigen al INEI y al Ministerio de Cultura que se adopten “de manera inmediata las medidas correctivas, por la responsabilidad funcional que acarrea”. Además, advierten que, de no observarse acciones, se reservan “el derecho de interponer acciones administrativas y/o legales”.
Esta es la segunda comunicación oficial dirigida al INEI por estas organizaciones en el marco del Censo 2025. En una carta anterior, fechada el 5 de agosto, expresaron su preocupación por la falta de una campaña informativa adecuada sobre el proceso censal.
Organizaciones con respaldo legal y participación estatal
Las organizaciones firmantes son la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Unión Nacional de Comunidades Aimaras (UNCA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP).
Estas organizaciones son reconocidas por el Estado peruano como representativas de los pueblos indígenas u originarios y forman parte de instancias oficiales como el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas y la Comisión Multisectorial para el desarrollo de los pueblos indígenas, establecidas por normas legales vigentes.
Relevancia de la autoidentificación en el censo
La autoidentificación étnica es un criterio reconocido por normativas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Su inclusión precisa en los censos es clave para garantizar derechos colectivos y asegurar la implementación de políticas públicas inclusivas.
Las denuncias planteadas abren un debate sobre la transparencia del proceso censal y la responsabilidad del Estado en asegurar su correcta ejecución.
