El 27 de agosto, en una nueva emisión del programa de la Red de Medios Regionales del Perú, se analizó el Caso Saweto a raíz de la reciente sentencia judicial. Conducido por Alejandra Thais de Inforegión y Percy Salomé de Huanca York Times, el espacio contó con la participación de Felipe Tapia, uno de los abogados del caso; Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep; y Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE). Los tres coincidieron en que el fallo representa un hito para los pueblos indígenas, aunque subrayaron que la justicia llegó tarde y sin garantías plenas.
“El fallo envía un mensaje muy claro: los pueblos indígenas en el Perú enfrentan un problema estructural, la amenaza a su supervivencia física y cultural por las economías ilegales”, señaló Felipe Tapia, abogado de Lita Rojas Pinedo, una de las viudas del Caso Saweto. El abogado enfatizó que los asesinatos de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo en 2014 tuvieron como móvil “silenciar las voces de los líderes indígenas para suprimir el ejercicio de derechos fundamentales”.
Tapia también recordó que la defensa de los sentenciados intentó desacreditar pruebas clave, como la declaración de un testigo protegido que detalló la planificación del crimen. “Ese testigo reforzó un cúmulo de pruebas como denuncias previas de los líderes, decomisos de madera y la evidencia del perjuicio económico que sufrieron los madereros ilegales. No fue la única prueba, como se quiso hacer ver”, recalcó.
El abogado subrayó que la justicia no puede considerarse completa mientras los condenados permanezcan prófugos. “La ejecución de la sentencia implica la captura de los sentenciados. Ya hemos solicitado al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que aceleren este proceso”, afirmó.
Defensores sin protección y un mecanismo débil
Para Miguel Guimaraes, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el caso Saweto abre una ruta para otros procesos de líderes indígenas asesinados. “Detrás de este caso hay más de 35 defensores amazónicos asesinados en los últimos diez años. Y todavía hay más de 50 casos que ni siquiera llegan a investigación”, alertó.
El dirigente cuestionó la eficacia del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, implementado por el Estado peruano.
“Es un mecanismo muy débil, sin recursos ni logística. Como decimos: el papel no aguanta la bala. Hay líderes con garantías oficiales que igual han sido asesinados”, señaló.
Guimaraes insistió en que el Estado debe reconocer y articular con las medidas de autoprotección que las propias comunidades han creado. “Las guardias indígenas cumplen un rol de vigilancia y prevención, aunque no sean reconocidas ni financiadas. El Ministerio de Justicia debería integrarlas al mecanismo oficial”, propuso.
También recordó que las demoras en la titulación de territorios son un factor que expone a las comunidades. “Los cuatro líderes de Saweto buscaban el reconocimiento legal de sus tierras, pero recién se tituló la comunidad siete meses después de la masacre. En cambio, las concesiones para empresas se entregan en semanas. Esa desigualdad alimenta la violencia”, enfatizó.
“La justicia tardó once años”
Desde la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio valoró el fallo, pero denunció las demoras del sistema judicial. “Recién después de once años, las viudas y los hijos de nuestros hermanos reciben justicia. Esa tardanza no es una justicia real”, declaró.
Valerio reconoció el rol de las ONGs y cooperaciones internacionales que acompañaron el proceso. “La justicia ordinaria nos puso muchas trabas, pero gracias a la asistencia legal y a organizaciones como Aidesep se logró sostener el caso hasta esta sentencia definitiva”, afirmó.
El dirigente advirtió que las amenazas no se reducen a la tala ilegal. “En la cuenca del río Ene, en la zona del Vraem, también enfrentamos al narcotráfico, que en los últimos años ha ganado espacio dentro de nuestras comunidades. Aunque las comunidades que integran nuestra organización cuentan con seguridad jurídica, sus territorios no están siendo respetados”, señaló.
Frente a ello, destacó los esfuerzos de las comunidades en impulsar alternativas económicas. “Nuestros ancestros nunca sembraron coca de manera extensiva. Ahora luchamos por sustituir esos cultivos ilegales con cacao, café, plátano o piscigranjas. Queremos una economía legal y sostenible”, explicó.
Valerio agregó que la seguridad jurídica sigue incompleta, puesto que muchas comunidades carecen de georreferenciación actualizada, lo que abre espacio a invasiones. “Necesitamos que el Estado fortalezca nuestros comités de autodefensa y se acerque a nuestros territorios, porque no hay puestos policiales ni respuestas rápidas ante emergencias”, remarcó.
Un caso emblemático que no puede repetirse
La sentencia contra los asesinos de Saweto constituye un precedente inédito en el Perú, pero es aún insuficiente frente a la magnitud del problema. El fallo muestra que los crímenes contra defensores indígenas no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural ligado a economías ilegales como la tala, la minería y el narcotráfico.
Los tres invitados coincidieron en que la deuda del Estado no termina con una condena judicial. Para Tapia, se requiere un sistema de justicia que no tarde once años en responder y que garantice la captura de los condenados. Para Guimaraes, el mecanismo de protección estatal debe dejar de ser una promesa sin recursos y articularse con las iniciativas propias de las comunidades, como las guardias indígenas. Y para Valerio, la seguridad territorial implica no solo títulos de propiedad sino también georreferenciación, presencia estatal efectiva y alternativas económicas frente a los cultivos ilegales.
La condena es, sin duda, una victoria histórica para las viudas y para las organizaciones indígenas que no cesaron en su lucha. Pero el verdadero desafío, como señalaron los tres entrevistados, es que Saweto no se convierta en un símbolo aislado, sino en el punto de partida para garantizar que ningún otro defensor indígena sea asesinado por proteger los bosques que sostienen la vida en nuestro país y el resto del mundo.
