El Poder Judicial de Madre de Dios dictó una sentencia de 15 años de prisión efectiva para Edinson Fernández Pérez, quien fue hallado culpable del asesinato del defensor ambiental Juan Julio Gómez Fernández Hanco. El crimen ocurrió el 20 de marzo de 2022, en la comunidad de Nueva Arequipa, en el sector conocido como «La Pampa», dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
Detalles del homicidio
La fiscal provincial Karen Torres Godoy presentó en juicio pruebas que confirmaron la responsabilidad de Fernández Pérez en el homicidio. Según los testimonios y pericias, el acusado disparó dos veces contra Juan Julio Gómez tras conocer que este había denunciado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental la invasión de mineros ilegales en su propiedad, dedicada a la reforestación.
El tribunal consideró estas evidencias suficientes para dictar la condena y ordenar la captura de Fernández Pérez, quien deberá pagar también una reparación civil de S/ 100 000 a favor de la esposa de la víctima.
Juan Julio Gómez Fernández Hanco era hermano de Germán Fernández, coordinador del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. La víctima se había opuesto de manera activa a las invasiones mineras en la zona y trabajaba en la protección del ecosistema de la región.
Minería ilegal en la región de La Pampa
La comunidad de Nueva Arequipa se encuentra en el sector conocido como «La Pampa«, una de las áreas más afectadas por la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana, un conflicto que involucra tanto el daño ambiental como la presencia de redes criminales dedicadas a la explotación ilícita de recursos naturales.
En la zona operan también grupos vinculados a la trata de personas y otros delitos, lo que ha incrementado la violencia en la región. La actividad minera ilegal ha desplazado a comunidades indígenas y ha generado tensiones sociales que, en muchos casos, derivan en confrontaciones violentas.
Entre enero y febrero de 2025, al menos 20 personas habrían sido asesinadas o desaparecidas en la zona de minería ilegal de La Pampa, en Madre de Dios. Testimonios de testigos señalan como responsable a Edison Fernández Pérez, alias Chili, un hombre de 30 años que, con violencia, se habría impuesto como líder de los Guardianes de la Trocha, el grupo que brinda protección a los mineros ilegales de la zona. Conoce más aquí.
Un crimen en un contexto de creciente violencia
El asesinato de Juan Julio Gómez Fernández Hanco se suma a otros crímenes contra defensores ambientales en la región. Hace unos días, el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios) expresó, mediante un pronunciamiento público, su indignación por el asesinato de Hipólito Quispe Huamán, agricultor y defensor ambiental, ocurrido el 26 de julio en el distrito de Inambari. Ante este hecho, exige al Estado una investigación exhaustiva y la adopción de medidas urgentes de protección.
El Comité expresa su rechazo al crimen y recordó que Quispe lideró una “lucha sostenida” contra invasores y mineros ilegales desde el año 2008. “Fue líder de nuestra organización, y desde este frente también procuró y luchó por la defensa de los derechos de las personas y familias agricultoras”, indicaron.
El Ministerio Público ha destacado que la condena contra Edinson Fernández Pérez constituye un avance importante en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra líderes ambientales. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad expresó que la sentencia es un paso crucial para garantizar justicia en un contexto de creciente violencia hacia los defensores del medio ambiente.
Exigen reestructurar el Mecanismo de Protección de Defensores
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que aún queda un largo camino por recorrer en la protección de los activistas ambientales en regiones como Madre de Dios, donde la minería ilegal sigue siendo una actividad que escapa al control del Estado, y la violencia persiste como una amenaza constante.
En su pronunciamiento, el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata pidió reestructurar el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
“Es lamentable y terrible que no exista un canal de atención las 24 horas para los defensores en situaciones de emergencia”, señalaron en referencia a la falta de respuesta del Estado cuando intentaron pedir ayuda antes del crimen.
Entre 2019 y 2024, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha registrado 57 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales al menos 44 ocurrieron en la Amazonía. Solo en Madre de Dios, Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas se concentra más del 54 % de los casos de riesgo reportados.
